Los retos de futuro para el campo

EL campo almeriense ha sido en la legislatura que llega a su fin, por no hablar de las últimas décadas, el verdadero motor de la economía almeriense, en el que se han concentrado los pequeños y únicos brotes verdes en tiempos de crisis. La producción hortícola, con algo más de 50.000 hectáreas genera en torno 1.700 millones de euros de valor de las cosechas, supone el 83% de toda la producción agraria de la provincia. No ha dejado de crecer y desde el PP destacan como principales logros de la legislatura del Gobierno de Rajoy la negociación de la PAC que ha supuesto una inyección de 47.000 millones de euros para España en los próximos ocho años, la Ley de la Cadena Alimentaria, la creación de la Agencia de Información y Control Alimentario, la Ley de Cooperativas y la de Denominación de Origen, entre otras. Además, las rebajas fiscales han tenido mención especial durante la campaña al alcanzar en 2014, a través del sistema de módulos, algunas zonas de Almería que se beneficiaron de 38 millones de euros, siendo 90 en 2015 con las reducciones fiscales que se han inyectado al campo.

Los socialistas han criticado muy duramente en los últimos días el recorte de fondos que han llegado a Andalucía, cuantificados en 500 millones de euros, correspondientes a las ayudas de la PAC y los planes de desarrollo rural. La oposición también ha sido muy dura con la gestión del veto ruso y la agresiva competencia por parte de los operadores de Marruecos y la especulación de los comercializadores y los intermediarios en la cadena están detrás de la bajada de los precios. A pesar de los avances en seguridad del campo, las organizaciones aseguran que la cifra de robos sigue siendo excesiva, con su consiguiente repercusión en los ya de por sí ajustados márgenes de beneficio. Y, por último, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que salga de las urnas tendrá que dar respuesta definitiva al problema enquistado del Algarrobico. Las sentencias clave están a punto de dictarse y una vez encarrilado el laberinto jurídico Estado y Junta tendrán que asumir el derribo, si así se decreta, y la restauración de la zona.