El fin de la inmunidad de Puigdemont enfada a ERC y reabre heridas en el Gobierno

Bruselas / madrid/El levantamiento de la inmunidad a Carles Puigdemont, paso previo y necesario para que pueda ser juzgado en España, ha reavivado la fractura entre el PSOE y Unidas Podemos sobre la cuestión catalana y ha abierto una brecha con ERC, que alerta de su "cansancio" ante la falta de pasos hacia el diálogo por parte del Ejecutivo.

El pleno del Parlamento Europeo ha retirado este martes la inmunidad al presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los también eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí, como pedía la Justicia española, decisión a la que se ha opuesto Unidas Podemos.

El grupo popular y la mayoría de los socialdemócratas, liberales y conservadores han votado a favor, aunque el resultado del suplicatorio ha sido menos holgado de la mayoría de los que se solicitan en la Eurocámara.

El apoyo de los socialistas españoles ha molestado a ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recordado al presidente Pedro Sánchez que su grupo es imprescindible "para la gobernabilidad o no de este país" y le ha avisado de que empieza a perder la paciencia por que no haga nada en favor del diálogo en Cataluña.

El Ejecutivo, ha lamentado Rufián, no da ningún paso cuando tiene a su alcance "el BOE y la vía de la política" y podría solucionar, por ejemplo, la situación del ex vicepresidente del Govern Oriol Junqueras y otros presos del procés "injustamente encarcelados".

Pero fuentes del Ejecutivo replican que la posición del PSOE en la Eurocámara no ha podido sorprender a nadie, y menos a sus socios parlamentarios de ERC, porque el PSOE siempre estuvo en contra de la declaración unilateral de independencia y se ha limitado a apoyar la petición de otro poder del Estado.

El Gobierno, remarcan esas fuentes, quiere que Puigdemont sea juzgado en España.

Lo que hubiera causado asombro a todo el mundo habría sido, según indican esas mismas fuentes, que el PSOE hubiese votado en contra y por eso creen que el enfado de ERC, más allá de las palabras, no tendrá consecuencias.

Montero quita hierro a las divergencias

"Rufián está expresando el malestar lógico de una formación política que no quería este suplicatorio", ha dicho al respecto la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

También ha quitado hierro Montero a que Podemos haya defendido en el Parlamento Europeo una posición distinta a la de los socialistas, pese a que la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, había asegurado que pediría explicaciones a sus socios, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado la "incoherencia" de amparar privilegios de los fugados de la Justicia.

"Las formaciones políticas son libres de expresar el sentido de su voto en el Parlamento Europeo a propósito de una cuestión que tiene carácter nacional", ha añadido Montero.

De hecho, fuentes del Ejecutivo han remarcado que ya en la campaña electoral catalana se vio claro que Podemos y el PSOE abanderan posiciones contrarias respecto al conflicto catalán y también a la situación de los políticos presos, en alusión a las palabras de Iglesias sobre la "normalidad democrática".

La ministra portavoz ha asegurado que en la reunión del Consejo de Ministros no se ha hablado sobre el suplicatorio contra Puigdemont ni sobre las posiciones distintas al respecto por parte de los socios del Gobierno.

Los ministros de Podemos han guardado silencio este martes sobre ese asunto, pero su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, sí ha reprochado al PSOE que haya votado junto al PP y Vox "para caminar en la dirección contraria al diálogo y a una solución negociada al conflicto".

Además, ha insistido en que la votación del Parlamento Europeo ha sido "justita", ya que, ha dicho Echenique, "solo ha votado a favor el 53,8 por ciento, mientras que más del 46 por ciento lo han hecho en contra o se han abstenido".

La decisión sobre Puigdemont se ha producido casi a la vez que el Juzgado de vigilancia penitencia revocaba el tercer grado a los líderes del 1-O, lo que ha llevado a la portavoz del Gobierno de la Generalitat, Meritxell Budó, a acusar a Sánchez de pregonar "diálogo y negociación", al mismo tiempo que practica la "venganza" contra los líderes del "procés".

"(El Gobierno) hace todo lo que puede para encerrar a nuestros presos en la cárcel, por ser quienes son y por lo que representan", ha lamentado la portavoz del Gobierno catalán.

Llarena mueve ficha

Horas después de saber que el Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad a Puigdemont, Pablo Llarena, el instructor del procés ha dictado un auto en el que pide al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronuncie sobre el alcance de las posibilidades de emisión de una euroorden, así como por las razones para su denegación.

Llarena acude a la Justicia europea una vez que las autoridades judiciales belgas denegaron la entrega del ex conseller Lluis Puig, porque entienden que el órgano competente para instruir la causa no es el Supremo sino un tribunal catalán y porque su entrega pondría en peligro derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

Un escenario que, de no consultar previamente al tribunal europeo, podría plantearse de nuevo con el ex president catalán en Bélgica, de ahí se explica el paso dado por Llarena ante Europa.

Con la respuesta del TJUE el magistrado decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Puigdemont, los ex consellers Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC Marta Rovira, procesados en rebeldía por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia.

Llarena tiene dudas de que las decisiones de los jueces belgas sobre Puig sean compatibles con el Derecho de la Unión, por lo que plantea siete preguntas al TJUE, que pide tramitar por el procedimiento acelerado, con la cuestión de la competencia del Tribunal Supremo como eje nuclear de la cuestión.

El juez señala que "no hay una norma del Derecho de la Unión que reconozca una facultad a favor de la autoridad de ejecución de una orden de detención y entrega (ODE) que le permita valorar y fiscalizar si el órgano de emisión de esa ODE es competente para hacerlo".

Si eso fuera así, precisa, el principio de confianza en los sistemas de los Estados de la Unión y de reconocimiento mutuo de sus resoluciones, "se transmuta en un principio de desconfianza que sólo se despeja tras el examen de competencia".

"Mal se confía en el sistema penal y procesal de otro Estado, si lo primero que se pretende por el Estado de ejecución es poner en duda su competencia para emitir un instrumento de cooperación basado, precisamente en la confianza y cooperación recíproca" añade.