La crisis diplomática entre España y Marruecos por la llegada masiva de migrantes a Ceuta es la más grave que han vivido los dos países en la última década, inmersos en un  desencuentro que Rabat achaca a la indefinición de España en relación al Sahara, el detonante del largo conflicto bilateral, una herida a la que hoy ha echado más sal la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de dejar en libertad al líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

Más de un mes después de entrar en España para ser hospitalizado por el Covid-19, el presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ha declarado este martes por videoconferencia desde el hospital San Pedro de Logroño en el marco de dos querellas por presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio, torturas y otros.

El juez Pedraz considera que no hay "riesgo de fuga alguno" ni "elementos siquiera indiciarios" para creerle "responsable de delito alguno". El líder del Polisario (en guerra contra Marruecos entre 1976 y 1991) ha vinculado las acusaciones en su contra a motivos "absolutamente políticos" para "tratar de minar la credibilidad del pueblo saharaui y su lucha en el camino de la autodeterminación que le corresponde como territorio", como ha manifestado su abogado, Manuel Ollé.

Alta tensión

Su declaración, rodeada de gran expectación mediática, se ha producido en medio de la profunda crisis diplomática con Marruecos y tras un cruce de acusaciones ente ambos países por romper la confianza y el respeto mutuo. 

También ha coincidido con la publicación por parte de El Confidencial de que un avión fletado por el Gobierno argelino salió esta mañana rumbo a Logroño para recoger a Gali, pero se dio la vuelta cuando sobrevolaba Ibiza.

El Ejecutivo español ha dicho no tener constancia de ello, si bien ha asumido que el líder del Frente Polisario volverá al lugar de donde vino cuando se recupere del Covid.

Tras su comparecencia, las acusaciones, ejercidas por un activista, la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh) y presuntas víctimas, han pedido una serie de medidas cautelares como prisión provisional, retirada del pasaporte, prohibición de salida del país o la colocación de una pulsera telemática.

La Fiscalía, en cambio, ha solicitado que Gali esté localizable y ha sido éste el criterio que ha seguido el juez, que ha acordado que aporte un domicilio y un teléfono para estar a disposición de la Justicia.

Pedraz no ha visto "riesgo de fuga alguno" porque "no consta" ningún dato "para apreciar" que Gali "pueda o quiera" huir de la Justicia, sobre todo cuando ha accedido a declarar al conocer las querellas "incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra", por el que podría haber pedido posponer su declaración.

Acusaciones sin pruebas

Pero el juez va incluso más allá al afirmar en los autos donde rechaza las cautelares que ninguna acusación ha suministrado "elementos siquiera indiciarios" que avalen "la existencia de motivos bastantes" para considerar a Gali "responsable de delito alguno".

Explica por un lado que el activista Breica, que denuncia presuntas torturas de militares del Polisario en los campamentos de Tinduf (Argelia) en 2019, "simplemente señaló que se trataba de delitos muy graves, que había indicios sin señalar alguno (un informe de la ONU, según dijo), y que (Gali) puede fugarse porque ingresó en el hospital de forma 'extravagante' por la documentación aportada que afirma ser falsa (lo cual no consta)".

Pedraz usa un argumento muy similar respecto a Asadeh, asociación que impulsó una causa en 2008 contra varios miembros del Polisario, reabierta hace unas semanas, en la que pide investigar el trato sufrido en Tinduf "por los prisioneros de guerra" y por ciudadanos saharauis, "especialmente por los de origen español".

El juez cree que las declaraciones de testigos prestadas hace años en el marco de esta querella "no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos" de Gali, y que no basta con decir que "entró en España ilícitamente".

Al finalizar la declaración del líder del Polisario, su letrado, Manuel Ollé, ha atendido a los numerosos medios que se encontraban a las puertas de la Audiencia Nacional y ha explicado que Gali ha tildado de "absoluta y rotundamente inciertos" los hechos de los que le acusan.

Algunos de los hechos que le atribuyen las acusaciones se remontan a los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando él era ministro de Defensa de la RASD. Como tal, ha dicho su abogado, "no tenía ningún tipo de responsabilidad, ni de acción" en los hechos que le imputan y ha destacado que los testigos ya "desmintieron que Gali "cometiera tortura, desapariciones o cualquier tipo de conducta ilícita contra ningún ciudadano saharaui".

Tampoco ve su defensa que, en la querella del activista Breica, que sitúa los hechos en 2019, haya "acusación directa contra Gali" y ha reprochado que se intente aprovechar que el líder del Polisario estaba en España para "utilizarlo como un trofeo".

No opina lo mismo la abogada de Breica, María José Malagón, que ha asegurado que las torturas que denuncia "están más que confirmadas" y que "no hay política de por medio", sino simplemente una cuestión de "derechos humanos".

La letrada, que ha manifestado su temor por que Gali salga de España, ha subrayado que sí que hay indicios en contra de él y ha anunciado que presentarán informes médicos que apoyen su postura.