La soprano Montserrat Caballé ha devuelto ya a la Agencia Tributaria 300.000 euros del medio millón defraudado en su declaración de IRPF y está reuniendo la cantidad restante para saldar su deuda con Hacienda, de cara a evitar un eventual juicio.

Según han informado fuentes judiciales, la diva, de 81 años, tiene la intención de devolver toda la cantidad defraudada a la Agencia Tributaria, pero el pago no evitará su declaración como imputada ante el juez que instruye la querella por fraude fiscal que le interpuso la Fiscalía, señalada en principio para el próximo viernes. El titular del juzgado de instrucción de Barcelona ha citado a declarar como imputada a la soprano por un delito contra la Hacienda Pública, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía, que la acusa de defraudar 508.462 euros en su declaración de IRPF correspondiente al año 2010, simulando tener residencia andorrana.

Caballé ha pedido al juez que le tome declaración en su casa de Barcelona, para no tener que desplazarse a los juzgados, alegando problemas de salud. Según han informado fuentes judiciales, tras recibir la petición de Caballé, el titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona ha encargado a un médico forense que examine a la soprano. En función del informe que elabore el forense, el juez decidirá si interroga a Caballé en su casa o si la obliga a desplazarse a los juzgados para prestar declaración.

La soprano deberá pagar el total del dinero evadido a Hacienda, más la multa correspondiente -que según el Código Penal oscila entre dos seis y veces la cantidad defraudada- para pactar con la Fiscalía una rebaja en la condena por el delito de fraude fiscal y, de esa forma, evitar la celebración del juicio. En ese caso, el ministerio público y la defensa de Caballé podrían pactar una sentencia de conformidad -solamente pendiente de ser ratificada en el juicio- en la que la soprano se beneficiara de la atenuante de reparación del daño y lograra así una pena mínima por el delito de fraude fiscal.

La imputación de la diva de la ópera deriva de una querella presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona, que la acusa de no haber presentado ante la Agencia Tributaria española la declaración de IRPF del ejercicio de 2010, con lo que eludió tributar por los beneficios obtenidos en sus recitales y grabaciones, que ingresaba en una cuenta de un banco andorrano.