Consecuencias de la crisis económica para la ciencia española

Josep Casadesús

Profesor de Genética, Universidad de Sevilla

Durante el verano de 2009, los medios de comunicación publicaron una noticia inquietante para los científicos españoles: el borrador de Presupuestos Generales del Estado contemplaba una reducción del 37 por ciento en el presupuesto de investigación para el año 2010. La noticia desencadenó un sinfín de declaraciones de investigadores, así como escritos y manifiestos de protesta suscritos por asociaciones profesionales y sociedades científicas. Por una parte parecía entendible que, en medio de una crisis económica sin precedentes, el Gobierno se viera en la obligación de reducir gastos. Sin embargo, un recorte drástico de los presupuestos de investigación parecía una decisión discutible e inoportuna. España aún está lejos de equipararse a los países más avanzados de la Unión Europea, que dedican a I+D un 2 por ciento del PIB frente al 1,3 por ciento de España. Desde la década de 1980, el apoyo estatal a la ciencia ha aumentado sin cesar y los sucesivos gobiernos de la nación han practicado políticas de estado, al margen de partidismos, a la hora de financiar la ciencia. Como consecuencia, la ciencia española ha ido subiendo enteros a nivel internacional. Hoy España tiene investigadores de primer nivel en muchos campos, y no de manera excepcional como en otras épocas. Institutos de creación reciente como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de Madrid o el Centre de Regulació Genómica (CRG) de Barcelona tienen prestigio mundial, y el consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se parece cada vez más al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) francés o a otros organismos estatales de investigación. El programa Ramón y Cajal ha permitido incorporar al CSIC y las Universidades científicos de alto nivel formados en el extranjero, paliando así el problema histórico de la fuga de cerebros. Es posible que la productividad de la ciencia española en términos de patentes y otros réditos económicos aún no sea la esperada, pero se trata de una cuestión de tiempo: la buena investigación se traduce tarde o temprano en desarrollo, y por tanto en beneficio económico. Así parecían haberlo entendido el señor Rodríguez Zapatero y sus colaboradores: desde 2004, la inversión española en I+D se había triplicado. De ahí la sorpresa generalizada ante el anuncio de un recorte de más del 30 por ciento. La sorpresa fue aún mayor si se tiene en cuenta que el gobierno se había comprometido a impulsar la investigación pese a la crisis. Sin ir más lejos, durante su intervención ante el Foro Joly en marzo de 2009, la ministra de Ciencia e Innovación había afirmado taxativamente que el Gobierno apostaba sin rodeos por la ciencia como un factor clave para el cambio de modelo productivo que los economistas recomiendan a España desde hace años.

El borrador presentado en verano sufrió diversas modificaciones, y desde el Ministerio se intentó tranquilizar a los científicos: la reducción no sería en ningún caso del 30 por ciento. Además, en noviembre el Ministerio anunció un incremento de 146 millones de euros con respecto al borrador inicial. Ahora bien, una fracción significativa de dicho incremento se destinaba específicamente a inversiones en el País Vasco y en Canarias (contrapartidas al apoyo del PNV y Coalición Canaria a los Presupuestos Generales). A la ceremonia de la confusión se le sumaban las triquiñuelas de la política.

El presupuesto definitivo del Ministerio de Ciencia Innovación para 2010 es de 5.443 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad se destinarán a investigación. Ahora bien, la interpretación de las previsiones de gasto es compleja y está llena de vericuetos, hasta el punto de permitir interpretaciones opuestas. De hecho, la ministra Garmendia llegó a afirmar que los investigadores no habían entendido los presupuestos, y que en 2010 la investigación tendría una financiación parecida a la de años anteriores o incluso superior en algunas partidas. Parece cierto que apenas habrá recortes en el Plan Nacional de Investigación, que constituye la fuente principal de financiación para muchos investigadores del CSIC y de las Universidades. Tampoco disminuirán los recursos que el Plan Nacional ofrece a las empresas. Sin embargo, habrá recortes en otros capítulos. Por ejemplo, los presupuestos de los organismos públicos de investigación disminuirán significativamente: más de un 13 por ciento en el CSIC, más de un 25 por ciento en el Centro de Investigaciones energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y porcentajes tanto o más notables en otros Organismos Públicos de Investigación (OPI). Desde el Ministerio se ha argumentado que esas instituciones, gracias a su excelente gestión en años previos, disponen de un remanente que les permitirá afrontar la crisis. Sin embargo, parece obvio que el recorte presupuestario impedirá la realización de obras de infraestructura, paralizará la ampliación de plantillas y creará dificultades de gestión.

“La fiesta ha terminado”, escribió The Economist en 2008 refiriéndose a la crisis económica de España tras muchos años de crecimiento incesante. Pero la investigación científica no es ninguna fiesta, sino un factor clave para un modelo económico basado en el conocimiento. Es posible que el sistema científico español sobreviva, aunque sea a trancas y barrancas, al austero presupuesto de 2010. Lo verdaderamente preocupante es que la crisis se alargue, y que los presupuestos de años sucesivos sean tanto o más rácanos. En ese caso, la admirable trayectoria ascendente que la ciencia española ha descrito desde los años 1980 tocará a su fin, y ocurrirá lo que la revista Nature describía en términos literarios el pasado mes de Noviembre: tras haber pasado por una Edad de Plata, la ciencia española retrocederá sin remedio y volverá a la Edad de Bronce en la que pasó gran parte del siglo XX.