El Ejecutivo navarro, acusación popular en el caso, sostiene que "no puede sino manifestar su absoluta discrepancia con la decisión de la sección segunda de la Audiencia Provincial Navarra por la que desestima la solicitud de ingreso en prisión de los acusados en la que considera agresión sexual en Sanfermines de 2016".

En este sentido, se reafirma en los motivos que fueron alegados por su asesoría jurídica en la vista celebrada el pasado 26 de diciembre para solicitar el ingreso en prisión, como son el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

Además tiene en cuenta "la gravedad" de los hechos por los que fueron acusados, la pena de nueve años de prisión a la que fueron condenados, así como la propia sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 30 de noviembre del pasado año, confirmatoria en lo sustancial de la de la Audiencia Provincial.

Respecto a esta última sentencia destaca que contó con el voto particular de dos magistrados que calificaron los hechos como agresión sexual.

Esta calificación, recuerda, es la que desde el inicio de este proceso ha sostenido el Gobierno de Navarra y así ha sido argumentada también en el recurso que ante el Tribunal Supremo ha presentado tanto el propio Gobierno como el resto de acusaciones, postulando que se les condene por agresión sexual.

Frente a los argumentos de dos de los magistrados de la Audiencia Provincial contenidos en los autos, el Ejecutivo navarro comparte los del voto particular singularmente relativos a que la medida del reingreso en prisión es necesaria para procurar el fin legítimo asignado a la prisión provisional.

De esta forma, se evita que los acusados puedan sustraerse a la acción de la justicia y a la existencia de dos sentencias condenatorias, en las que se impone y ratifica una condena a 9 años de prisión, una pena que supera, hasta casi duplicarlo, el umbral inferior de 5 años considerado en el Código Penal como límite para diferenciar los delitos graves de los menos graves.

Además, considera que el cumplimiento que vienen realizando los procesados, desde que fueron excarcelados, de las condiciones impuestas, puede desvirtuar el riesgo de fuga.

El Ejecutivo navarro, reitera su rechazo y condena de cualquier caso de violencia sexual, por lo que supone "una intolerable violación de los derechos humanos, una violencia que revictimiza a las niñas y mujeres y que atenta contra su vida y libertad" y reafirma su compromiso por "seguir trabajando para que no haya una sola situación de violencia contra las mujeres".

Por otro lado, el Ayuntamiento de Pamplona también recurrirá el auto de la Audiencia de Navarra que mantiene en libertad provisional a los miembros de La Manada, ha anunciado el alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, que ha mostrado su desacuerdo con la decisión de los jueces.

El alcalde ha señalado que este auto "ahonda en esa profunda brecha, a la que más de una vez nos hemos referido, que hay entre algunos sectores de la judicatura y la sociedad".

Asiron ha subrayado que el Ayuntamiento de Pamplona, que ejerce la acusación popular en este caso, y él mismo "en primera persona" tienen "un compromiso con la familia desde el primer momento para acompañar a la víctima en todo este proceso".

En ese sentido, ha insistido en que "lo que se produjo en aquel desgraciado suceso de Sanfermines fue una agresión sexual en fondo y forma".

El alcalde de Pamplona se ha preguntado además por "el hecho de que ese carácter garantista" del auto, que no comparte, "no se aplique en cambio en otros casos bien cercanos, como puede ser "el caso de la sentencia de Alsasua".