Desescalada judicial

Coronavirus: el 30-40% teletrabajará en la Fase 3, con dos días presenciales

  • Se impulsarán la cita previa, la videoidentificación y los medios alternativos de solución de conflictos

  • La sustitución de las personas vulnerables se hará por redistribución de efectivos

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante la última Comisión de Coordinación del Covid El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante la última Comisión de Coordinación del Covid

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante la última Comisión de Coordinación del Covid

Las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales mantuvieron este jueves una nueva reunión telemática con responsables del Ministerio de Justicia para tratar la Fase 3 de la desescalada tras el coronavirus. En ella se reincorporarán el cien por cien de las plantillas pero una horquilla del 30-40% teletrabajará y se limitará el acceso del público a los edificios judiciales.

Asistieron la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, así como la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Por parte del Ministerio, lo hicieron el Secretario General para Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, el nuevo Director General de Transformación Digital y la Directora General para el Servicio Público de la Justicia.

Los representantes de la Administración informaron de que está prevista la inminente aprobación de una Orden Ministerial para activar el 9 de junio la Fase 3 del Plan de Desescalada, que prevé la incorporación del cien por cien de las plantillas de los tribunales. El Ministerio de Justicia “dentro de sus competencias, garantizará la adecuada protección de todo el personal, profesionales y del público en general en las sedes judiciales y fiscalías”, según un comunicado de las asociaciones profesionales. En los edificios se limitarán los aforos de público.

Según se informó en la reunión, habrá una “regulación específica del teletrabajo en la que serán los responsables de cada unidad los que puedan determinar, en el caso de existir medios, que funcionarios pueden teletrabajar”. Será una horquilla entre el 30 y 40 por ciento, con obligación de asistir dos días al juzgado.

No podrá ser llamado a prestar servicios de forma presencial el personal que tenga reconocidos permisos por patologías susceptibles de agravarse por la exposición al virus, "en tanto no se verifique por la autoridad competente en qué condiciones puede prestar servicio presencial en situación de seguridad”. Estos funcionarios, siempre que existan medios materiales para ello, prestarán sus servicios en teletrabajo y en su horario habitual. A la espera de la evolución de la pandemia y a lo dispuesto por las autoridades sanitarias, la  cobertura de sus plazas será por redistribución de efectivos, según el comunicado.

 En cuanto a las vacaciones de verano, se informó de que se van a regular para concentrar su disfrute para la mayoría de los funcionarios en el mes de agosto y “permitir así que julio, y en particular septiembre, sean meses de plena operatividad”.

 

Las medidas de choque para reforzar la actividad judicial a partir de septiembre, que se están coordinando con el CGPJ, incluyen la creación de juzgados que temporalmente atenderán los asuntos asociados a la COVID-19 en particular en el orden social, mercantil y contencioso-administrativo. Las asociaciones profesionales reclamaron información sobre la suerte de los planes de refuerzo y comisiones de servicio vigentes o que estén previstos.

 También fueron informadas del borrador de anteproyecto de ley de eficiencia procesal, que contendrá medidas de agilización, tecnológicas (cita previa y videoidentificación) y de medios alternativos de solución de conflictos, asunto en el que las asociaciones profesionales aportarán sugerencias.

 

Derogación del artículo 324 de la LEC

Las asociaciones profesionales solicitaron la “urgente derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dada la inseguridad jurídica generada por el cómputo de los plazos del citado precepto”.

El ministerio, según el comunicado, reconoció la “necesidad y urgencia de la derogación” y se informó de que es un asunto que se está abordando y que ha sido planteado por la Fiscal General del Estado.

También mostraron su rechazo a que los jueces en prácticas puedan desempeñar funciones de refuerzo “por vulnerar claramente la independencia judicial”.

 

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