Administración de Justicia

Coronavirus: La Abogacía cree “contraproducente” habilitar el mes de agosto

  • Ofrece como alternativa que todo el personal de Justicia tome vacaciones en agosto

Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía española

Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía española

El Consejo General de la Abogacía Española, reunido este domingo en un pleno extraordinario, acordó rechazar el plan del Ministerio de Justicia para declarar hábil a efectos judiciales el mes de agosto, lo que resultará “contraproducente” al obligar a suspender los juicios por incomparecencia de testigos y peritos. Reiteró su propuesta de que todo el personal de Justicia tome vacaciones en agosto para trabajar “a pleno rendimiento” en julio y septiembre.

Los 83 Colegios de Abogados de España, junto a los representantes de la Abogacía Joven, acordaron reiterar su petición de que las soluciones se alcancen mediante la colaboración entre todas las instituciones.

Ante el proyecto de Real Decreto para agilizar la Justicia cuando concluya la alarma sanitaria por coronavirus, la Abogacía “reitera su compromiso en la defensa de los intereses de la sociedad española en estos momentos tan difíciles derivados de la crisis del COVID-19, en los que las consecuencias económicas van a exigir redoblar los esfuerzos para conseguir la reactivación de la Administración de Justicia en el menor tiempo posible”.

También reiteró suinquebrantable compromiso con la sociedad en la defensa del derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, que por mandato constitucional ostenta y ejerce los 365 días del año las 24 horas del día”.

El momento actual exige “no solo compromiso, sino acierto en la implementación de una vuelta escalonada que evite el colapso del sistema judicial”, dice el Consejo que preside Victoria Ortega, y añade que por ello se opone públicamente a “las medidas que resultando ineficaces perjudiquen a la buena marcha de la Administración de Justicia y resulten lesivas para el ejercicio del derecho de defensa”.

Declarar hábil el mes de agosto, en todo o en parte (el Gobierno propondrá trabajar del 11 al 31), “lejos de contribuir a normalizar la situación y agilizar los procedimientos va a suponer, sin duda, una mayor distorsión” porque “difícilmente se puede desarrollar una actividad normal si coincide con un periodo vacacional de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios y resto de personal que, además, se extendería antes y después del mes de agosto”.

Esta habilitación “tendría en la práctica un efecto contraproducente, porque conllevaría la suspensión de numerosos actos procesales ante las dificultades de llevar a cabo actos de comunicación y la más que probable incomparecencia de justiciables, testigos y peritos”, indica el Consejo en un comunicado.

Para conseguir el efecto que se pretende, la Abogacía reitera su propuesta de concentrar el periodo vacacional de todos los profesionales de la Justicia en el mes de agosto, a salvo siempre de las actuaciones urgentes, de  modo que “pueda desarrollarse la actividad ordinaria a pleno rendimiento los meses de julio y septiembre”.

Cualquier medida “dirigida al perfeccionamiento y eficacia de la Justicia, como todos anhelamos, requiere de la unidad y del consenso de la experiencia compartida de todos los sectores profesionales que trabajamos con el objetivo común de la dignificación de la Justicia”, afirma el Consejo.

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