El juez reclama a la Junta los informes de la Intervención que avalarían el cambio de fiscalización de los contratos del SAS

El Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla que investiga las contrataciones de emergencia en la sanidad pública andaluza ha requerido a la Junta de Andalucía que remita la documentación relacionada con el acuerdo del Consejo de Gobierno de octubre de 2020 por el que cambió el modo de fiscalización de determinados gastos.

En una providencia a la que tuvo acceso ayer Efe y después del escrito presentado por la Fiscalía, el juez requiere a la Junta de Andalucía para que, a través de su gabinete jurídico, identifique en concreto en qué oficio fue ya adjuntada la documentación relativa al acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020.

En este acuerdo se sustituyó el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el denominado "control financiero permanente", y se actualizó la relación de gastos, órganos y servicios sometidos a dicho régimen de control en virtud de acuerdos anteriores. En este caso, el juez se refiere a los gastos correspondientes a expedientes de contratación tramitados por el procedimiento de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

De no haberlo llevado a cabo en oficios anteriores, el juez le pide al Gobierno andaluz que remitan los informes particulares a los que fue sometida dicha variación, incluido, en su caso, el de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Fuentes de caso han explicado sobre este asunto que, para que el Gobierno andaluz pueda adoptar un acuerdo válido, es preciso el informe preceptivo de la Intervención General, que no es vinculante; "sin eso no se puede adoptar el acuerdo del Consejo de Gobierno".

Ese informe se llama memoria de "control financiero permanente" en el que se justifica el motivo por el que se deja de aplicar la fiscalización previa, han señalado las fuentes del caso, pero que en ningún documento de los remitidos hasta la fecha consta la propuesta de la Intervención de "eliminar la fiscalización previa de los contratos de emergencia del SAS".

Requerimientos previos del juez

En una providencia anterior, este mismo juzgado instructor ya requirió a la Intervención que remitiera íntegramente los expedientes de fiscalización de contratos tramitados por el procedimiento de emergencia entre junio y octubre de 2020 y los expedientes de fiscalización de contratos tramitados por el procedimiento de emergencia en los ejercicios 2020 y 2021, que no fueran objeto del procedimiento del control financiero permanente.

Justificación de la solicitud de Podemos

Aparte lo anterior, después de un escrito presentado por Podemos y antes de resolver sobre su personación como acusación particular, el juez ha solicitado también a la formación política que justifique su solicitud y la necesidad de actuar "con representación y defensa distinta" de la que ya está actuando en la causa como acusación, en este caso en referencia al PSOE, informa Efe.

En esta causa, el PSOE denunció que el SAS puedo haber utilizado contratos de emergencia por un valor de 242 millones de euros después de haberse superado la pandemia y cifró en 24 millones de euros el posible daño causado al erario público por este procedimiento "a dedo".

La denuncia se refiere al mantenimiento durante dos años y medio de las contrataciones de emergencia en el SAS cuando ya se daba por finalizada la crisis causada por el Covid-19.