Manoel Silva Rodrigues, el sargento brasileño detenido con 39 kilos de cocaína en el aeropuerto de Sevilla en junio pasado, seguirá en prisión por orden del juzgado de instrucción 11. El militar había pedido la libertad alegando que había medidas menos gravosas para su situación personal, aunque sin entrar en el fondo del asunto sobre su implicación.

Silva Rodrigues viajaba en un avión de la comitiva del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que se dirigía a una cumbre del G-20 en Osaka (Japón). El 25 de junio hizo una escala en Sevilla y el militar fue detenido cuando pasó por el escáner de la Guardia Civil una maleta con 37 tabletas de cocaína.

El análisis posterior arrojó un peso de 39 kilos de cocaína de gran pureza y un valor en el mercado ilícito de 1,3 millones de euros.

La juez, con apoyo de la Fiscalía Antidroga, ha decretado que el sospechoso siga en prisión provisional sin fianza.

Fuentes del caso indican a este periódico que el juzgado investiga si Sevilla era el destino final de la droga y los posibles clanes que la estarían esperando.

No es habitual que lleguen a la capital andaluza alijos procedentes de Brasil y se baraja la hipótesis de que, cuando anunciaron a la tripulación que iban a pasar noche en Sevilla, el “mulero” decidiese que era mas seguro desembarcar la droga y no dejarla en el avión oficial.

La posibilidad de que el sargento no trabajase para un grupo asentado en España estaría reforzada por el  hecho de que hasta ahora no se haya hecho cargo de su defensa ningún abogado vinculado habitualmente a esos clanes, como suele ser su práctica habitual.

Tras su detención el militar fue asistido por un abogado de oficio sevillano y una intérprete de portugués y se acogió a su derecho a no declarar.

Manoel Silva, de 38 años, iba vestido con un pantalón militar de camuflaje cuando desembarcó en Sevilla.

La nave en la que venía la cocaína no era el avión oficial del presidente brasileño, sino en el que viajaba parte de la comitiva oficial.

Según publicaron varios medios brasileños a raíz de su detención, el sargento participó desde 2011 en 29 viajes oficiales con tres mandatarios distintos.

Según fuentes judiciales, teniendo en cuenta la cantidad y pureza de la droga intervenida, el sospechoso podría enfrentarse a una pena de hasta 12 años de cárcel y multa de cuatro veces el valor del alijo.