Veinte militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) serán juzgados finalmente este próximo miércoles por la “expropiación” de un supermercado en Écija y agredir a varios empleados. Su defensa intentó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para sustituir la pena de un año y medio de cárcel por una multa y el pago de la indemnización a Mercadona, pero cinco de los procesados rechazan, por cuestiones ideológicas, reconocer que han cometido un delito.

El juicio se celebrará los días 12 y 13 en el juzgado penal 2 de Sevilla, donde la Fiscalía pedirá para cada sindicalista un año y medio de cárcel y el pago de 1.500 euros de indemnización a los tres trabajadores del supermercado que resultaron lesionados y de otros 1.400 euros por el importe de los productos sustraídos.

Los sindicalistas penetraron en el supermercado el 7 de agosto de 2012 y se llevaron productos que luego declararon haber entregado a familias necesitadas.

Fuentes del caso informan a este periódico de que han intentado, sin éxito, un acuerdo de conformidad en virtud del cual los procesados pagarían la responsabilidad civil y se les aplicaría la atenuante “muy cualificada” de reparación del daño y de dilaciones indebidas por los casi ocho años transcurridos desde que ocurrieron los hechos.

Pero el requisito de la Fiscalía era que todos se acogieran al acuerdo y cinco de los procesados se oponen a hacer ningún tipo de reconocimiento por cuestión ideológica. Argumentan que se trató de una reivindicación social ante la precariedad en la que viven muchas familias andaluzas.

El SAT ha convocado el día del juicio una concentración de protesta en el edificio Noga, sede de los juzgados de lo penal de Sevilla.

Muchos de los enjuiciados carecen de antecedentes penales pero la situación es particularmente delicada para dos de ellos: Francisco Molero, condenado a cinco años de prisión por la protesta “Rodea el Congreso” de 2013, y Andrés Bódalo, que tiene antecedentes por agredir a un concejal del PSOE en Jódar.