Natividad Plasencia, fiscal coordinadora para delitos de trata de personas y extranjería en Sevilla, expone en esta entrevista los problemas de sacar adelante una acusación por la vulnerabilidad de las víctimas, su riesgo de retractación y por la “falta de sensibilidad” que percibe, incluso entre los profesionales del Derecho, hacia este tipo de delitos. Es una situación que le recuerda a los primeros tempos de la violencia de género.

— ¿Qué problemas plantean los delitos de trata de personas?

Uno de los principales problemas que tiene la investigación de estos delitos es que las víctimas han vivido una experiencia tan traumática que lo primero que hay que hacer es convencerles para que colaboren y denuncien. Hay mecanismos de tutela como el periodo de reflexión para que durante al menos 90 días decidan si desea colaborar con las autoridades y en ese tiempo se suspende el procedimiento administrativo de repatriación. Aún así, los tiempos de la víctima no siempre coinciden con los del proceso penal. Hay víctimas que necesitan apoyo psicológico y un periodo importante para decidir si realmente desean colaborar.

Hay otros mecanismos en el proceso penal, como la figura del testigo protegido y, más recientemente, las medidas del Estatuto de la Víctima como su declaración por videoconferencia o con un acompañante, que suele ser personal de las ONG que las acogen  porque son personas con las que ya han desarrollado cierto vínculo. Eso les da una mayor serenidad para la declaración. A ello se une que muchas de estas personas vienen de países con cierta desconfianza hacia la policía y la judicatura.

— ¿Qué papel hacen las ONG?

Un papel fantástico. En España hay un protocolo-marco para la protección de víctimas de trata y algunas comunidades han hecho su propio protocolo de actuación. Andalucía todavía no lo tiene. Se prevé que exista en todas las provincias una comisión provincial de coordinación con representación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las administraciones y las ONG.

Prestan una colaboración muy importante y de hecho en muchas ocasiones son ellas quienes alertan a la Policía o a la Fiscalía cuando tienen acogida a una chica que presenta indicadores de trata. 

— ¿Las medidas de protección son mejorables?.

Son medidas que amparan bastante bien a la víctima, pero estamos poco acostumbrados a manejarlas. Existen los mecanismos, pero hay un cierto desconocimiento de sus posibilidades.

—¿Los resultados son buenos?.

No tan buenos como deseamos. Se inician muchas investigaciones pero en ocasiones la víctima declara en fase de instrucción y luego se retracta a la hora del juicio, o se marcha y no volvemos a saber de ella. Además la prueba de estos delitos es realmente complicada porque suele ser la declaración de la víctima contra la de los acusados. 

Tienes que buscar elementos que corroboren lo que ha declarado la víctima y muchas veces esas pruebas se consiguen a través de medios restrictivos de libertades fundamentales, intervenciones telefónicas, balizamiento de coches o  registros, y detecto una cierta falta de sensibilidad incluso en los profesionales del Derecho hacia este tipo de delitos, aunque cada vez menos. 

Creo que necesitamos madurar un poco la cultura jurídica en relación a este delito, es como cuando comenzó el tema de la violencia de genero, yo detectaba ciertas insensibilidades y ahora parece que ya estamos más en esa cultura, incluso los profesionales. 

— ¿Sucede que a veces la Fiscalía acusa por muchos delitos y luego se quedan reducidos?

Cuanto más tiempo pasa desde que se libera a la víctima, van creciendo las posibilidades de que la testigo se esfume y no contemos con ella en el juicio. Yo lo entiendo, porque una vez liberada de sus captores lo que quieren es no quedarse sino volver a su país de origen.

Aquí en Sevilla nos ocurrió en el primer caso que tuvimos de trata con fines de cometer delitos, era un grupo de rumanos a los que captaban en su país y les ofrecían un trabajo digno en la construcción o en un taller y cuando llegaban a España les obligaban a robar catalizadores de vehículos. Teníamos un testigo protegido, el tribunal no pudo localizarlo para el juicio pero, qué curioso, sí que lo trajeron los acusados, es fácil imaginar cuál fue el resultado: esa  persona cambió radicalmente su declaración y la sentencia fue absolutoria.

— ¿Qué casos son más frecuentes en Sevilla?

Sobre todo trata con fines de prostitución, donde un 99% de las víctimas son mujeres, principalmente  subsaharianas,  rumanas y búlgaras. En la trata con fines de explotación laboral las víctimas son hombres, normalmente trabajadores agrícolas a los que se les promete que van a tener un trabajo con convenio y luego trabajan de sol a sol, siete días a la semana, le retienen la documentación y viven hacinados en  condiciones infrahumanas. En este caso son sobre todo rumanos y búlgaros.

— ¿Habría que penalizar la prostitución?.

En España pasamos del código penal de 1973, que penalizaba muchísimas conductas relacionadas con la prostitución, al de 1995, que supuso la despenalización de prácticamente todas ellas y luego se puso de manifiesto que ese no era el camino. 

Yo creo que el argumento de que “yo ejerzo la prostitución libremente porque quiero” no es cierto, la mayor parte de las personas se ven abocadas a esa situación. 

La solución no estaría en la penalización pero sí en una regularización administrativa, por ejemplo que en el Impuesto de Actividades Económicas hubiera que tributar por ese tipo de actividades u obligar a los empresarios a que tengan de alta a estas personas. 

— ¿Cómo es la experiencia de esas mujeres?

Sobre todo cuando son víctima de explotación sexual su desvalimiento es total. Se ponen los vellos de punta, te preguntas como puede estar ocurriendo eso en pleno siglo XXI. Son chicas con condiciones de vida muy duras en su país, que cruzan África, las violan y son vendidas de unos tratantes a otros. Cuando llegan a España no es que empleen violencia física contra ellas pero se han quedado embarazadas en el camino, tienen un bebé muy pequeño, no hablan español, no tienen contactos y les piden 30.000 euros de deuda por haberlas traído. Además les piden restos biológicos para amenazarlas con el vudú.