opinión

Jueces y libertad de expresión

Que estamos en una nueva era histórica aún lo dudan algunos, pero es algo más que evidente si nos atenemos a los acontecimientos de cada día.

Vivimos nuevos tiempos para el feminismo. Son nuevos tiempos para las formas de comunicarse, e incluso para las formas de relacionarse. Es un nuevo tiempo para los pensionistas o para el bipartidismo. El nuevo gobierno, gustará más o menos, pero ha enseñado que también son nuevos tiempos para la política. Estos nuevos tiempos son, además, demandados por los ciudadanos que son los que están impulsando el cambio desde abajo, al quedarse los poderes públicos retrasados con respecto a los avances de la sociedad.

Estos nuevos aires deben afectar también al poder judicial que sigue teniendo ese olor dulzón y rancio que tiene la naftalina y que no se ha quitado de encima el terciopelo rojo y los estrados barrocos, ni ese ramalazo de Justicia decimonónica que arrastra.

Con relación a la libertad de expresión, hasta ahora estábamos hartos de escuchar que los jueces sólo podían hablar a través de sus sentencias y que los jueces lo son incluso aunque estén durmiendo. Eran dos dogmas incuestionables

Dos principios que han presidido hasta hoy el ejercicio de la función jurisdiccional y que desde luego, a mi juicio, han quedado obsoletos y que además, lo único que hacen ya hoy, es perjudicar la imagen que el ciudadano tiene de la justicia. Que los ciudadanos tengan buena imagen de la Justicia no es baladí, ni es cuestión formal, de mera imagen, pues para la paz social es esencial que los ciudadanos confíen en ella. Sin confianza en la justicia la sociedad se convierte en una selva.

Hasta ahora, la profesión de juez se consideraba como una especie de sacerdocio y eso llevaba a que los jueces no pudieran explicar sus sentencias o el resto de resoluciones. Los dogmas a los que me he referido han muerto. La sociedad de las nuevas tecnologías necesita explicaciones de los jueces, mas allá de lo que escriban en una sentencia. Necesitan saber porqué. Es evidente que las resoluciones judiciales están sometidas a la fiscalización y a la crítica de todos los ciudadanos, como poder del Estado que es, pero estaría bien que hubiera fórmulas para poder explicar lo que dice una sentencia para que así, con conocimiento de causa, puedan criticarse las resoluciones con mas rigor.

Si, por ejemplo, tras publicarse la sentencia de la manada, compareciese a los diez minutos un portavoz del Juzgado (gabinete de prensa o quien sea) explicando el porqué el tribunal llega a esa conclusión y por qué, creyendo a la víctima, entiende que no concurre el elemento de intimidación, según la definición que de la intimidación da la jurisprudencia y por eso condena como abuso y no como agresión, y si explicara que el voto particular justifica con argumentos estrictamente técnicos el porqué el Magistrado no se cree a la víctima al entender que no concurren los elementos técnicos que la jurisprudencia exige para dar eficacia probatoria a la mera declaración de la víctima, el conjunto de la sociedad tendría un conocimiento fundado de lo que han dicho esos jueces.

Y a partir de ahí, los ciudadanos podrán criticar la sentencia de arriba abajo y al voto particular si así lo consideran. Es absolutamente legítima esa crítica, pero lo harán basándose en que no están de acuerdo con ese concepto de intimidación, cuando la agresión sexual se produce con tanto desequilibrio entre los intervinientes o por otro motivo fundado. Y podrán criticar justificadamente el voto particular porque no estén de acuerdo con las apreciaciones que se hacen, porque consideren que la versión de la víctima si era creíble aunque tuviese alguna contradicción. Pero desde luego, no se podrá decir que es una sentencia fruto del patriarcado o que el magistrado discrepante tiene un problema singular. Esto último es lo que resulta dañino para el sistema y la credibilidad de las instituciones.

Eso sólo contribuye al desprestigio del poder judicial y consiguientemente del propio Estado de Derecho con el grave peligro que ello provoca en la pacífica convivencia.

El derecho a estar informados en un derecho fundamental reconocido incluso en la Constitución en el artículo 20 y los ciudadanos tienen derecho a conocer qué es lo que ha pasado en cada asunto judicial de relevancia. Para ello y para evitar que la información les llegue de manera sesgada e interesada (como ocurre hoy) se hace imprescindible una comunicación fluida del órgano judicial con los medios de comunicación, lo que permitiría una fuente oficial y una información objetiva de lo que está sucediendo a tiempo casi real, evitando en gran medida los nocivos juicios paralelos alimentados por elucubraciones o por informaciones interesadas y parciales. Ello conllevaría también, como medida, la eliminación del secreto del sumario, el cual sólo debe mantenerse en los casos en los que sea estrictamente necesario para el éxito de la investigación, pero una vez cumplida esta primera fase, hay que dar por hecho que en la sociedad de las nuevas tecnologías, las filtraciones van a existir siempre. Como no se pueden eliminar, mejor una versión oficial por parte del Juzgado de aquellos aspectos que puedan resultar de interés para el ciudadano, que no, versiones de parte que son siempre interesadas y que finalmente lo que hacen es confundir al ciudadano y alejarlo de la verdad.

Enlazando con todo esto se encuentra el tema espinoso de la libertad de expresión de los jueces en sus manifestaciones. Fallecido el dogma anterior, los jueces sólo serán jueces cuando ejercen la función jurisdiccional. Fuera de ese momento, han de ser considerados personas normales y corrientes con los mismos derechos que los demás. Hoy no sería concebible un sistema donde los jueces fuesen ciudadanos de segunda categoría, con menos derechos (libertad de expresión, derecho a huelga o derecho de manifestación…) que el resto de ciudadanos, ni la Constitución hace esa distinción.

Hasta hoy, al considerar la profesión como un sacerdocio, eso no era así, y de hecho, eran seres con menos derechos. Por eso los jueces son reacios a dar explicaciones a la prensa, son reacios a escribir artículos de opinión, e incluso son reacios a participar en redes sociales, y o bien no lo hacen, o lo hacen de manera anónima e incluso con miedo, lo que me parece una situación absurda y sobre todo anómala.

A nadie escapa que los jueces tienen una ideología, una religión o ninguna, votan a un partido político, una orientación sexual, etc. y tienen criterio sobre los temas de actualidad. Y así debe ser. Si van a resolver los problemas de la sociedad, han de estar plenamente integrados en esa sociedad y no en una urna. En el estricto ejercicio de la función jurisdiccional han de guardar una apariencia de imparcialidad y objetividad y esa imagen la van a seguir teniendo, sea el juez de una ideología o de su contraria. En su trabajo es donde debe demostrar esa objetividad e imparcialidad y es donde deben ganarse su prestigio profesional, y una vez conseguido, la gente creerá en el juez, con independencia de que en sus ratos libres de sus opiniones personales en twiter y estas vayan en una linea o en otra o las de en un articulo de opinión sobre alguna cuestión política.

De ahí la importancia de explicar el contenido de ciertas sentencias que interesan a la sociedad o la importancia de que un juez pueda dar una entrevista en donde de su parecer como persona a los temas de actualidad. Una vez que se desprende de la toga, el juez puede tener una opinión sobre ciertos temas y puede que la sociedad quiera saber cual es.

Es cierto que el art 418 LOPJ contempla como falta grave que el juez haga aprobaciones o censure a otras autoridades, pero será siempre que lo haga invocando su condición de Juez, entendiendo el que suscribe que no habrá ninguna infracción, si lo hace como ciudadano en un artículo de opinión.

Ahora bien, ello no quiere decir que no existan límites a la hora de expresarse libremente fuera del ámbito jurisdiccional, y habrá de tener cuidado con ciertas manifestaciones. Hace poco hemos leído una entrevista a una juez conocida donde decía haber sufrido presiones de la Fiscalía o donde dice que PP y PSOE se pusieron de acuerdo para alejarla de unas causas penales que instruía. Entiendo que un Juez no debe hablar sobre asuntos en los que haya intervenido y que aun se encuentran sub iudice, por ejemplo, y menos aún si es para censurar a algunas de las partes intervinientes, con acusaciones sobre ataques a su independencia judicial, para lo cual lo procedente habría sido pedir amparo al CGPJ según el art 14 LOPJ. Si no lo hizo no será creíble hacer críticas después.

Igualmente debería abstenerse de acusar a alguna de esas partes de haber realizado actuaciones que puedan ser incluso delictivas, pues en ese caso, y si es verdad, debería haberlo puesto en conocimiento de los Tribunales correspondientes en lugar de criticarlo en un periódico. Ello le hace igualmente perder la credibilidad a mi juicio

En definitiva, los dogmas de los jueces sólo hablan a través de sus sentencias y el juez lo es las 24 horas del día han muerto. La sociedad quiere jueces que se expresen y que se manifiesten. Jueces cercanos y humanizados. Libertad de expresión de los jueces sí, pero con límites, como la de todos. Obviamente.

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