A la segunda semana del estado de alarma ya escribí en este diario que, tras el lógico impacto de los primeros días de crisis sanitaria, me sorprendía la paralización de uno de los fundamentos del estado, el judicial, salvo supuestos de urgencia. Hoy, dos meses y medio después, perdida una primera oportunidad histórica de comenzar a modernizar de verdad la administración de Justicia, nos encontramos con recetas y planes de choque del siglo pasado a base de aumentar las cargas de trabajo y horarios presenciales con las consabidas promesas de dotación presupuestaria que ya veremos cómo y cuándo llegan, si llegan.

Después de llevar más de cinco años adaptando las profesiones jurídicas a las comunicaciones telemáticas del siglo XXI, resultó que el otro lado del sistema seguía y sigue con parámetros del siglo XX. Para colmo, comenzada la desescalada, afloran positivos de contagio en edificios judiciales, cierre de sedes, desinfecciones cuando se pueda y “descansos sanitarios” del juzgado contagiado con lo que el panorama del sistema judicial hasta que se encuentre la vacuna es y será desolador.

No podemos depender de si el bichito llega o no a un órgano judicial durante el próximo año, al menos no del todo, con lo que urge poner en marcha el teletrabajo ya extendido, por cierto, en otras administraciones como Economía, Educación o Empleo, pero que muchos parecen olvidar para la Justicia.

En este punto es sumamente revelador el silencio de los sindicatos de funcionarios de justicia que, con toda la razón, ponen el grito en el cielo ante la falta de medidas de seguridad en muchos juzgados, pero que, desde que empezó la crisis, no han formulado una sola reivindicación del trabajo a distancia que evite o reduzcan sensiblemente el riesgo sanitario de los funcionarios. No deja de llamar la atención su lógica y aplaudible vehemencia cuando se pierden puestos de trabajo en comparación con la pasividad sindical cuando de lo que se trata es de la inactividad de sus defendidos, como si el no trabajar para algún sector de la sociedad fuera un logro o una ventaja.

Quizás debieron defender la opción del teletrabajo transitorio mientras dure el peligro como paradigma de la defensa de la salud de sus afiliados, pero eso se les olvidó.

Por otro lado, las administraciones de Justicia saben que dotar de esas herramientas informáticas cuesta menos que los planes de choque que quieren implementar y que sus hermanas de Educación, Economía, Empleo o Agricultura no dieron opción a sus funcionarios sobre si querían teletrabajar. Por cierto, la tan cacareada falta de medidas de seguridad o de garantías de los ciudadanos en la digitalización de expedientes y comunicaciones telemáticas ha pasado a mejor vida cuando empezamos a recibir comunicaciones judiciales, diciendo que más vale que lleguemos a un acuerdo o citando para celebrar vistas desde nuestros despachos. «Se acabó la protección, llegó el sistema y mandó juzgar».

También los abogados deberíamos hacer autocrítica por centrarnos en exceso en reivindicaciones cortoplacistas de cuotas, mutuas y ayudas parche, por desarmar nuestra lucha con guerras tan desafortunadas y desenfocadas como «agosto, sí, agosto no», o la ridícula y nociva campaña contra los funcionarios que, al fin y al cabo, cumplen las normas. Hemos trabajado siempre pagando cuotas colegiales, mutualidades, sin recibir subvenciones estatales y con más o menos ocupaciones en agosto, pero nunca sin actividad judicial, así de sencillo. Y todo ello por no hablar de los grandes perjudicados, los ciudadanos que asumen con resignación nuestras explicaciones sobre la paralización de la justicia durante tres meses cuando saben que la inmensa mayoría de las administraciones del país está teletrabajando, aunque sea parcialmente.

Creo que es necesaria una inmediata inversión de los términos en los que está planteado el problema y sus soluciones. La sociedad digital nos exige burlar al virus para poder trabajar, no poder trabajar cuando nos deje el virus.

Mientras no haya vacuna, los desalojos de sedes judiciales, sobresaltos, desinfecciones y demás circunstancias acabarán de destrozar los ya maltrechos tiempos judiciales por lo que, al menos coyunturalmente y durante el próximo año, el enfoque debería ser la preeminencia del teletrabajo de los funcionarios judiciales sobre su presencialidad que puede reducirse considerablemente para evitar ponerlos en riesgo sin perder capacidad laboral.

Estos días las togas de los letrados de Sevilla ondean al aire porque el derecho a la Justicia de los ciudadanos está más en el aire que nunca. En poco tiempo el sistema judicial podría tener mecanismos de interactuación telemática a distancia entre funcionarios y con el resto de operadores jurídicos para cientos de trámites; parece razonable pedir que los informáticos y gabinetes técnicos, tanto del Ministerio de Justicia como de las consejerías autonómicas, preparen herramientas y normas para que una de las actividades esenciales de defensa del ciudadano no quede paralizada durante un año por culpa de un virus.