En la España liberal del siglo XIX aparecieron muchas publicaciones de divulgación jurídica que, en el caso de Sevilla, tuvieron hasta 60 años de vida. En sus páginas relataban sin paños calientes los juicios que se celebraban, daban cuenta de las vacantes de magistrados y escribanos y respondían a las dudas legales de los lectores. Una de ellas, la Revista de Tribunales, llegó a encabezar una iniciativa de 30 periódicos nacionales para personarse como acción popular en el llamado “crimen de la calle Fuencarral” de Madrid, que salpicó a altas esferas del Gobierno.

La Hemeroteca Municipal guarda cuatro de esas publicaciones editadas en Sevilla: La Ley, fundada en 1853 por el doctor en Derecho  Ventura Camacho y Carbajo; la Revista de Tribunales, dirigida por Federico Castejón, abogado y catedrático de Derecho Penal, de la que se conservan ejemplares entre 1866 y 1930; Lo judicial y lo justiciable, publicada a partir de 1894, y El Derecho (1898-1902), dirigida por el abogado Antonio de Lara y Cansino.

De los “estafadores de incautos” a los juicios por infanticidio

El Derecho tenía su redacción en la calle Caldereros (ahora Juan Rabadán) y se presentaba el 1 de enero de 1898 como defensor de “la recta administración de Justicia y el estricto cumplimiento de las leyes”.

Su director y propietario era el abogado Antonio de Lara y Cansino, la  subscripción costaba una peseta al mes y desde su primer número ofrecía un consultorio gratuito en el que contestaba a temas de herencias, impuestos o desahucios.  El éxito fue tal que unos meses después las consultas pasaron a ser de pago: si se añadían los fundamentos jurídicos, 10 pesetas, y si el consultante deseaba dictamen, 25 pesetas.

En aquellos años, la publicidad de las actuaciones judiciales pasó a ser un debate nacional equiparable a la libertad de prensa y El Derecho entró de lleno en la polémica: fue el tema de portada de su segundo número, donde defendía que “exclusivamente” podía limitarse la publicidad en los supuestos previstos por la ley y “cuando lo exijan la moral y el decoro”.

Desde sus páginas informó, por ejemplo, de la causa contra Manuel Gutiérrez de los Rios, marqués de las Escalonías, por malversación de caudales públicos como presidente y contador de la Diputación de Córdoba, o sobre una investigación al Ayuntamiento de Lebrija por un desfalco de 130.000 pesetas, cuyo depositario se había suicidado.

El Derecho relataba con un deje irónico la visita a Sevilla de una inspección del Ministerio de Hacienda, que se producía “como todos los años, en la temporada de grandes fiestas de primavera, cuando Sevilla muestra sus  incomparables atractivos”.

En su sección de Avisos y Noticias advertía contra dos “estafadores de incautos” que estaban recorriendo el centro de Sevilla haciéndose pasar por inspectores de Hacienda y reclamando ciertas cantidades a los comerciantes que no les mostraban su recibo de la contribución industrial.

También daba cuenta de las vacantes de magistrados o del ascenso del juez decano Francisco Fernández Amaya a magistrado pese a declararse apenado porque “Sevilla pierda un juez dignísimo, inteligente y laborioso”. Informaba sobre los abogados que caían enfermos, las “correcciones disciplinarias” a los letrados que no se presentaban a juicio y felicitaba a los profesionales que conseguían la absolución de algún defendido.

El Derecho siguió puntualmente un juicio con jurado por el infanticidio de una recién nacida a la que no ligaron el cordón umbilical y dejaron desangrarse. A la madre soltera le reconocieron que lo hizo para salvar su honor pero fue condenada, y la abuela resultó absuelta. Este hecho dio pie a la revista a sugerir algunas pautas sobre las preguntas que debían hacerse al jurado.

Cuando la prensa ejercía la acción popular

La Revista de Tribunales tenía su sede en la calle Teniente Borges y estaba dirigida por Federico Castejón, abogado y catedrático de Derecho Penal. De periodicidad bi-semanaria, se publicaba bajo el lema de “defensora de la moralidad en la Administración de Justicia”.

En julio de 1888 abrió una subscripción de fondos para ejercer la acción popular en el llamado crimen de la calle Fuencarral de Madrid, donde fue asesinada una viuda acaudalada en un caso que salpicó a altas personalidades del Gobierno. Su iniciativa cuajó en una asamblea de mas de 30 directores de periódicos nacionales aunque oficialmente solo se querellaron seis, encabezados por La Iberia y El Liberal.

La revista dedicaba números monográficos a los temas de interés jurídico como hizo en 1909 con una nueva Ley Electoral y con una nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre la prescripción. En mayo de 1930 dedicó otro monográfico a la asamblea de decanos de Colegios de Abogados de España celebrada en Sevilla.

En 1909, hablando de una nueva Ley de Huelga, titulaba: “Sorpresa: los tribunales municipales, convertidos en salas de la Audiencia Provincial” y no ahorraba críticas como la contenida en una noticia titulada “Enojoso asunto”: Denunciaba que no avisaron debidamente al abogado para entrar a un juicio y cuando el letrado llegó ante el tribunal “ya se había pronunciado la sacramental palabra de visto”.

Revista de Tribunales daba cabida en sus páginas a sucesos delicados aunque lo hacía sin morbo, como el ocurrido cuando un hombre abordó a un niño de 8 años en Morón de la Frontera, le dio 25 céntimos y le instó a “ejecutar actos contra natura”. En el juicio el  fiscal pidió 4 años y 6 meses de cárcel por delitos de abusos deshonestos y lesiones graves. 

También narraba las “Vistillas” como la celebrada contra un hombre llamado José Pineda Vázquez que fue sorprendido en el tren entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra “sin proveerse del debido billete”. Fue condenado a dos meses de arresto por estafa pese al argumento de su defensa de que “no hubo delito porque nadie le requirió para el pago”.

“Don Juan Tenorio” proscrito en la cárcel

La Hemeroteca Municipal de Sevilla solo conserva un ejemplar de Lo judicial y lo justiciable, correspondiente a su número 90 de mayo de 1896. Se presentaba como “periódico profesional relativo a negocios, asuntos y avisos de justicia” y  “defensor de todas las causas justas y derechos legítimos”.

En ese número aseguraba que “el peor enemigo que tiene la Justicia en cualquiera de sus órdenes es la triquiñuela, el enredo y el lio” con los que “los defensores de las malas causas pretenden sacar incólumes las violaciones de derechos”.

Por el eco que tuvo en otras publicaciones especializadas, se sabe que en 1895 Lo judicial y lo justiciable desveló la suspensión de empleo y sueldo de que había sido objeto Anastasio Broco, director del penal de San Miguel de los Reyes de Valencia, por haber permitido que los reclusos levantaran un teatrillo para representar “Don Juan Tenorio”.

La Ley se publicó a partir de 1853 y su propietario y principal redactor era Ventura Camacho y Carbajo, doctor en Derecho, bibliotecario provincial de Sevilla y director de la Biblioteca Universitaria.  Se definía como “revista de legislación, jurisprudencia, administración y notariado” y “órgano oficial del Ilustre Colegio de Abogados y de la Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia”.

Empezó publicándose tres veces al mes con artículos sobre la organización de los juzgados militares, las falsas decretales del Papa o la reforma carcelaria. Tenía una sección de Tribunales en la que daba cabida a las causas criminales en la ciudad y el propio Ventura Camacho escribió una  “Instrucción sobre el modo de hacer los extractos de los pleitos” que publicó su revista y que tuvo mucho éxito, a juzgar por las citas en otras publicaciones.

Ventura Camacho fue también un destacado carlista, lo que le llevó al destierro de Sevilla. Entre 1869 y 1873 editó en Sevilla el periódico carlista El Oriente y luego los periódicos tradicionalistas La semana católica y la Revista católica de Sevilla.