EL presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ya lo advirtió esta semana en una entrevista concedida a este periódico:"Vendrá más colapso judicial, más demoras, más retraso en obtener la tutela judicial" como consecuencia de la paralización de la actividad judicial obligada por la declaración del estado de alarma debido al coronavirus. Del Río comentaba igualmente que la Justicia necesitaría un plan de choque cuando se vuelva a la normalidad, aunque sus palabras iban más allá, al afirmar que la Justicia "no puede continuar funcionando mediante las actuales estructuras paralelas, dirigidas y gestionadas, cada una de ellas, por Administraciones diferentes".

El Ministerio de Justicia ha anunciado esta misma semana que habrá un plan de choque parcial, que afectará sólo a algunas jurisdicciones, cuando se levante el estado de alarma.En concreto, el refuerzo de los tribunales se contempla en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19. En dicha norma, se obliga al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, a aprobar medidas de "agilización procesal" tras el levantamiento del estado de alarma con el objetivo de contribuir a la recuperación económica tras la crisis de la pandemia.

La disposición adicional decimonovena del decreto señala que una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo que, en su caso, se hayan acordado, el Gobierno, "a propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días, un plan de actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales Social y Contencioso-administrativo, así como en el ámbito de los Juzgados de lo Mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis".

Justicia aprobará el plan en los 15 días después de que se levante el estado de alarma

Los órdenes jurisdiccionales y los ámbitos judiciales a los que se refiere la disposición adicional del decreto-Ley publicado en el BOE son los que, previsiblemente, se verán más afectados tras el parón de la actividad económica que ha supuesto el confinamiento y las medidas excepcionales aprobadas por el Ejecutivo.

Aunque es cierto que estas jurisdicciones son las que se verán más saturadas por el incremento ya sea de los ERTE, los ERE, los despidos y los concursos de acreedores a los que se verán abocados muchas empresas por el cierre de los negocios, también lo es que el colapso afectará a todos los órdenes de la Justicia.

¿Qué ocurrirá con la jurisdicción Penal? Pues que también se resentirá y mucho cuando por fin se levante el confinamiento por la pandemia y se acuerde a la vuelta a la normalidad de la actividad judicial. Hay muchos juicios, por ejemplo, en Sevilla, que ya antes de la crisis se señalaban a más de un año vista desde que el asunto entraba en el órgano judicial. Y la situación va a empeorar sin duda, a menos que el Ministerio de Justicia acuerde igualmente planes de refuerzo para estos órganos.

El colapso también llegará al resto de los juzgados y a las saturadas secciones penales de las Audiencias Provinciales. Y habrá que ver qué sucede los juzgados de Instrucción, cuya actividad se ha visto igualmente reducida a los mínimos.

¿Qué pasará con los juicios derivados de las macrocausas? Asuntos como el de los ERE o Invercaria pesan ya como una losa sobre la Audiencia de Sevilla que, recordemos, hasta ahora sólo ha celebrado un juicio de los ERE, el del denominado "procedimiento específico", y otro por los préstamos concedidos por la sociedad de capital riesgo Invercaria, el de la empresa aceitunas Tatis. Pero entre una y otra macrocausas, la Audiencia está a la espera de recibir más de un centenar de piezas para su enjuiciamiento.

La Audiencia de Sevilla espera más de un centenar de piezas de los ERE e Invercaria

Una muestra del colapso que también tienen estas secciones penales es que la Audiencia de Sevilla es que el segundo juicio de los ERE, en le que se va a examinar las ayudas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) está fijado en principio para septiembre de este año 2020, pero el inicio del juicio se señaló hace un año, en abril de 2019. Justo antes de que se decretara el estado de alarma, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla dictó una diligencia de ordenación con el cronograma de la vista oral, que comenzará el 9 de septiembre, con la exposición de las cuestiones previas, y en la que se prevén un total de 31 sesiones hasta el 16 de diciembre, cuando el juicio puede quedar visto para sentencia, si se cumplen las previsiones del tribunal.

Dejar fuera del plan a la jurisdicción Penal no parece, en principio, lo más lógico, con independencia de que se priorice la actuación sobre las jurisdicciones Social y Contencioso-administrativa, y los juzgados de lo Mercantil.

Por lo menos, en este caso hay ya algo positivo. El compromiso del Ministerio en establecer ese plan y la rápida actuación del CGPJ, que en este asunto se ha puesto las pilas y el pasado jueves inició la elaboración del plan de choque de cara a la reanudación de la actividad judicial y que contempla desde propuestas de reformas procesales urgentes que pudieran abordarse mediante Real Decreto-Ley, hasta medidas organizativas de todo tipo (concentración de asuntos, especialización, normas de reparto, etc.), sin olvidar el incremento de los medios personales y/o materiales.

Bienvenida sea la anticipación del Poder Judicial, que ahora tendrá probablemente un mes y medio, si se prorroga el estado de alarma, para diseñar los refuerzos.