El nuevo presidente es decano de los abogados de Cádiz desde 2014.

La defensa rechaza el delito de prevaricación, ni siquiera por omisión, dado que "se actuó cuando se tuvo ocasión de actuar".

Denuncia que la instrucción viene lastrada por errores y equívocos hasta alumbrar la tesis de que "se ha intentado que la realidad no estropeara un buen proceso". Considera que se ha atacado a la independencia del tribunal, como cuando Rajoy se refirió en el debate de la moción de censura a la "sentencia de los ERE" generando en la sociedad un "prejuicio de culpabilidad" sobre este caso.

Le atribuye un delito continuado contra la integridad moral y cuatro delitos de lesiones por las presuntas "vejaciones y humillaciones" que sufrió cuando acudió a su consulta. Asegura que concurren las agravantes de "abuso de superioridad", cometer el delito "por razones de género" y también por "razón de enfermedad o discapacidad".

El escándalo del Tribunal Supremo con las hipotecas, la revisión de la condena de la Manada y las recusaciones de Bolaños y Alaya vuelven a poner el foco sobre los jueces y la Justicia.

El juicio de la “pieza política” de los ERE, del que ya se han celebrado 130 sesiones, se prolongará hasta después del 2-D.

La sentencia acuerda que el padre, que gana casi el doble, abone todos los gastos relativos al colegio y actividades extraescolares.

El juicio contra el asesino confeso, que se enfrenta a una petición de hasta 25 años de cárcel, se celebrará ante un jurado popular en la Audiencia de Sevilla.

La Audiencia fija un mínimo de 14 sesiones entre enero y marzo de un juicio en el que hay procesados cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex directores de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. La Fiscalía de Sevilla reclama diez años de prisión para los ex altos cargos por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad.

Aseguraban que su abuela había mantenido una relación extramatrimonial con el industrial cuando trabajaba para él.