La prueba estrella del juicio de los ERE

Rifirrafe de “alto voltaje” entre los peritos

  • Los peritos de la Intervención del Estado y los catedráticos propuestos por las defensas ratifican en la primera sesión de la prueba pericial sus informes, en los que llegan a conclusiones radicalmente distintas

Vista de la sala del juicio de la pieza política de los Ere Vista de la sala del juicio de la pieza política de los Ere

Vista de la sala del juicio de la pieza política de los Ere / Raúl Caro /EFE

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Primera sesión de la práctica conjunta de la prueba pericial y primer choque dialéctico entre los peritos oficiales y los de las defensas. La prueba estrella del juicio de los ERE arrancó ayer con la ratificación de todos los informes periciales: el oficial elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a instancias del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y los propuestos por cuatro defensas. En una de las primeras intervenciones, el jefe de los peritos de la IGAE, Ángel Turrión Macías, ratificó que en el caso de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía durante una década se utilizó de manera “indebida e ilegalmente” la figura de las transferencias de financiación realizadas por la Consejería de Empleo a IDEA para el pago de las ayudas.

Esa utilización de las transferencias fue ilegal, prosiguió el perito, porque “fue en contra de lo que dice la ley”, afirmó Turrión, que no se extendió en la respuesta porque el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, le recordó que la Fiscalía estaba planteando inicialmente cuestiones generales y que ya habrá tiempo para profundizar en los detalles concretos de este caso.

El sistema establecido por el tribunal para que los nueve peritos participen en esta prueba pericia conjunta consiste en que cada uno puede intervenir cuando no esté de acuerdo con lo que haya dicho uno de los expertos. Y esa facultad fue empleada desde el minuto uno de la pericial, desde la primera pregunta planteada por el fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra, que interpeló a los expertos de la IGAE sobre lo que tienden que “es un crédito presupuestario”.

A esta pregunta, Turrión respondió que un crédito presupuestario es “una habilitación para gastar”, momento en que el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Juan Zornoza –que junto al también catedrático de la misma disciplina Miguel Ángel Martínez Lago ha elaborado un informe pericial a propuesta de la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán– intervino para precisar que se trata de “una autorización para gastar en un destino específico y con una cuantía”, a lo que añadió que se trata de “normas jurídicas” por las que el Parlamento genera una autorización para gastar.

A partir de ese momento, el perito de la IGAE siguió contestando a las preguntas del fiscal, señalando que todos los créditos llevan una “triple clasificación” –económica, orgánica y funcional–, en relación con la cuantía, el órgano que puede realizar el gasto, y la tercera relacionada con el programa al que está afectado ese gasto.

Según los expertos de la IGAE, esa triple clasificación en cuanto a las transferencias de financiación tiene una vinculación “absoluta”, de ahí que pueda considerarse nulo de pleno derecho cualquier acto administrativo que infrinja esta norma. Turrión insistió en que cada gasto tiene que disponer de un “crédito expreso que sea suficiente y adecuado”, por lo que si algún órgano gestor utiliza el crédito de manera no adecuada o no suficiente “ese acto es nulo de pleno de derecho”.

Esta afirmación provocó las primeras discrepancias de los peritos de las defensas, que sostuvieron que esa clasificación se utiliza para organizar y estructurar el presupuesto, pero “no implica una especificidad para un crédito presupuestario”. Zornoza replicó incluso que la afirmación del perito de la IGAE “no es cierta”, porque “la clasificación económica no determina el destino”.

El fiscal preguntó entonces si la clasificación condiciona la ejecución, y en ese momento se suscitó un debate aún más técnico y complejo, como era de esperar en una prueba pericial de estas características. El catedrático de Economía Aplicada y Hacienda Juan De Dios Jiménez Aguilera –que ha elaborado un informe a instancias de la defensa de la ex consejera Carmen Martínez Aguayo– contestó a la pregunta del Ministerio Público negándolo “rotundamente”.

El perito de la IGAE replicó diciendo que la clasificación es “plenamente vinculante”, porque una vez establecida la clasificación económica, la gestión de ese crédito “ha de ajustarse plenamente al contenido definido en la orden del consejero de Economía y Hacienda” por mandato de la propia ley.

El catedrático Miguel Ángel Martínez Lago, que firma con Zornoza el informe elaborado a instancias de Griñán, señaló que las órdenes de estructura presupuestaria lo que hacen es “encauzar la tareas presupuestarias pero no están vinculando absolutamente nada” y al ejecutar el presupuesto, el órgano gestor está vinculado “por la ley de presupuestos y las modificaciones presupuestarias, pero nunca por criterios de clasificación”.

El experto de la IGAE destacó el papel de la Dirección General de Presupuestos en la elaboración “detallada y minuciosa” del anteproyecto de Presupuestos para la Comunidad Autónoma, que es sometido al consejero de Hacienda para su elevación al Consejo de Gobierno, órgano que finalmente lo convierte en el proyecto de Presupuestos y lo envía en su caso al Parlamento de Andalucía.

La dirección general de Presupuestos no es "un buzón de correos"

Angel Turrión llegó a afirmar que la Dirección General de Presupuestos no es simplemente un órgano administrativo “similar a un buzón de correos”, sino que tiene todas las competencias de elaboración del anteproyecto de Presupuestos que corresponden al consejero de Economía y Hacienda.

La comparación de Turrión derivó en el primer rifirrafe destacado entre los peritos, por cuanto el catedrático Derecho Financiero y Tributario Miguel Ángel Martínez Lago descartó que dicho órgano fuese un buzón de correo y calificó el ejemplo de “un poco simple”. El perito de la IGAE tomó la palabra con vehemencia para exponer, según dijo, no un ejemplo simple sino ahora “didáctico” y para ello se refirió a las memorias del IFA/IDEA de 2009-2010, señalando que la Dirección General de Presupuestos “exigió” al IFA/IDEA imputar al presupuesto de explotación unos gastos que “sabía que no se iban a producir” y que introdujera en su presupuesto de ingresos las transferencias de financiación con el motivo de que el presupuesto del IFA se presentara equilibrado, aseveró.

A continuación tomó la palabra el catedrático de Derecho Administrativo Juan Carlos Carrillo Donaire, perito propuesto a instancia de la defensa de la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, para calificar de intervención de “alto voltaje” la realizada con anterioridad por Ángel Turrión, aunque instantes después Martínez Lago pidió disculpas al perito oficial por haberse referido a la “simpleza” del ejemplo.

Por su parte, el catedrático Juan Ramallo Massanet, que ha elaborado un informe para la defensa de la ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra Magdalena Álvarez, defendió que Hacienda “no tiene una competencia absoluta” sobre el Presupuesto.

Durante la primera sesión de la prueba pericial conjunta el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, llamó la atención al catedrático Zornoza, al que recordó que la ley de Enjuiciamiento Criminal no permite que se hagan gestos de “aprobación o desaprobación” de lo que se está diciendo en un juicio, un aviso que hizo extensivo al resto de peritos.

Los peritos de la IGAE señalaron que en conjunto suman más de 130 años de experiencia en el control de las cuentas de la Administración del Estado, y dijeron que también han sido designados para elaborar informes periciales de la macrocausa de los cursos de formación y de los avales de la agencia IDEA, por parte del mismo juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Turrión dijo además que intervino como perito en la causa contra la que fuera directora de la televisión pública Pilar Miró por el gasto de casi 24.000 euros en la compra de trajes de protocolo, de la que fue absuelta.

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