En 2016, una mujer que había ganado varios millones de euros en el sorteo de la ONCE denunció presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad y administración desleal por parte de un asesor que le aconsejó determinadas inversiones. Había entrado en contacto con él a través de un familiar y “avalado por su trayectoria profesional”.

Todas las denuncias han quedado archivadas, primero en el juzgado de instrucción 9 y luego por la Audiencia de Sevilla. El juzgado únicamente acordó mantener abierta una presunta falsedad en documento mercantil cometida por el asesor al certificar la Junta Universal de una de las empresas, en junio de 2014, que no habría tenido lugar realmente. La Fiscalía ha pedido que se archive esta denuncia y el juez se pronunciará en breve sobre ello.

El importe de la estafa ascendería a más de un millón de euros. La nueva millonaria M.J.G.G. denunció que, aprovechándose de su “nula preparación para lo negocios”, tomó decisiones erróneas y fue otorgando préstamos a diferentes empresas de comunicación y a una futura televisión local por consejo de G.A.B., el  asesor denunciado.

También le acusó por lo que había cobrado a cambio de su asesoramiento técnico y como administrador de las empresas que constituyeron, por “maquillar” las cuentas y por haber contratado a su propia esposa como administrativa.

Además, dirigió la denuncia contra C.T.N. por haber  emitido un informe económico “para convencerla de su inversión” que presentaba una “irreal expectativa económica” y contra J.P.C. por apropiarse de fondos en el trasvase de facturas. Todo con el objetivo de “hacerse con el control de la estructura empresarial creada con el dinero” de la nueva millonaria, según su denuncia.

Les acusó además de falsificar su firma en una nómina, hecho que también quedó archivado porque no supuso ningún beneficio para los investigados ya que ella recibió de todas formas el importe.

“Avatares empresariales sin relevancia penal”

La Audiencia de Sevilla confirmó el archivo porque lo ocurrido fueron “avatares societarios de no mucho éxito en el mundo empresarial” que deben solucionarse en la vía civil y no forzando una investigación penal.

En especial la Sección Séptima de la Audiencia rechazó como “poco verosímil” la afirmación de que la mujer tenía una “nula preparación para los negocios” y no estaba al tanto de la vida de la sociedad. Por contra, consideró que era desde 2009 administradora de una sociedad limitada, trabajaba como comercial en una empresa de restauración e intervenía por derecho propio en las juntas de las sociedades, donde las cuentas anuales eran siempre aprobadas por unanimidad.

Ahora, solo queda por resolver el concurso de acreedores de una de las sociedades y, en la vía penal, el último fleco de la prolija denuncia, referido a la falsificación del acta de una Junta Universal que, al parecer, fue inexistente aunque la Fiscalía ha pedido también su archivo.