Sentencias

El primer caso en Sevilla de fraude en la formación será enjuiciado en 2019

  • La Fiscalía reclama penas de hasta 12 años de cárcel para los nueve acusados

Una de las edes de la empresa Formación Integral para el Empleo. Una de las edes de la empresa Formación Integral para el Empleo.

Una de las edes de la empresa Formación Integral para el Empleo. / M. G.

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El primer juicio en Sevilla por el fraude en los cursos de formación arrancará en julio de 2019. El juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla ha fijado para el 2 de julio del próximo año el inicio de la vista oral contra el empresario José Sivianes Sánchez, propietario de la empresa Formación Integral para el Empleo, y otras ocho personas, que están acusadas de dos delitos de fraude de subvenciones y un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en relación con las ayudas que el empresario y la sociedad recibieron por importe de 2.750.627 euros en el año 2010. Según explicaron fuentes judiciales, el juzgado ha fijado en principio 11 sesiones para este juicio entre los días 2 y 30 de julio de 2019, en las que se tomará declaración a los nueve acusados y a los testigos del caso.

La Fiscalía de Sevilla reclama en su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso este periódico, una pena para el empresario José Sivianes de 12 años de prisión y el pago de una multa de 16,5 millones, mientras que su esposa, Ana María Rodríguez, se enfrenta a una condena de siete años de cárcel y multa de 8,2 millones. De los otros siete acusados, la Fiscalía reclama 6 años de cárcel para el asesor fiscal y 8 años de cárcel para los demás procesados, así como el pago de una multa que asciende a 5,5 millones. Además, la Fiscalía solicita una indemnización de 2.750.627 euros para la Junta de Andalucía por las "cantidades indebidamente aplicadas a una finalidad distinta para la que la subvención fue concedida".

En julio de 2016, la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, dictó el auto de apertura de juicio oral de este caso, en el que impuso una fianza de un millón de euros al matrimonio compuesto por José Sivianes Sánchez y su esposa para garantizar las responsabilidades pecuniarias, mientras que para los otros siete acusados la fianza fijada fue de 20.000 euros para cada uno de ellos. Estos últimos procesados son presuntos testaferros "o moduleros" de Sivianes, que estaban incluidos en el régimen de módulos y eran los encargados de contratar a los profesores, facturando a continuación a Formación Integral para el Empleo.

La investigación por este fraude en cursos de formación se inició en septiembre de 2013 cuando la sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura de Policía puso en conocimiento del Ministerio Público la existencia de una presunta trama de subvenciones y blanqueo de capitales.

Según la acusación pública, Sivianes y Formación Integral para el Empleo desarrollaban una "misma actividad a pesar de presentarse en el tráfico jurídico como dos empresarios legalmente diferenciados, ya que ambos se dedicaban a impartir cursos de formación profesional, en su mayoría subvencionados por la Junta, contando ambos con las mismas fuentes de ingresos, los mismos proveedores y los mismos locales destinados a la impartición de los cursos, llegando a confundirse entre sí la actividad empresarial" de ambos.

La Fiscalía considera que Sivianes y su esposa se pusieron de acuerdo entre los años 2011 y 2012 para crear una "estructura organizativa destinada únicamente a apropiarse en beneficio propio de las 2/3 partes del importe recibido de las subvenciones, sin destinarlo así a los fines para los que la misma fue concedida". Para ello, "incrementaban ficticiamente los gastos" empleados en la docencia mediante la subrogación para tales servicios de los otros acusados, quienes "no prestaron por sí mismos los servicios de gestión de docencia ya que de facto quienes la realizaban directamente eran José Sivianes y su mujer, actuando tales terceros como simples testaferros".

También asegura que para apropiarse de las subvenciones incrementaron "ficticiamente los gastos de suministro de material didáctico, valiéndose de otros terceros también acusados, quienes emitieron facturas y presupuestos que no se correspondían con prestación de servicios alguna".

De esta forma, lograron apoderarse de 336.699 euros en el año 2011 y de 2.413.928 euros en 2012, del importe total de 3.792.089,99 euros que en 2011 ingresaron Sivianes y Formación Integral para el Empleo en concepto de subvenciones para cursos de formación profesionales concedidas a finales de 2010".

Los acusados organizaron esta "estructura falsaria" aprovechando el sistema de justificación de la subvención regulado en el artículo 102 de la orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el decreto 335/2009, por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas.

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