La Justicia egipcia examinará la validez del controvertido decreto de Mursi

La Justicia egipcia anunció ayer que examinará el 4 de diciembre la validez del decreto que blinda los poderes del presidente, Mohamed Mursi, quien se reunió con los magistrados para tratar de dar una salida a la crisis.

En esa fecha, el Tribunal Administrativo de Egipto estudiará las doce denuncias que piden el cese de la aplicación y la anulación de la declaración constitucional, emitida por Mursi el jueves.

El juez Abdelmequid al Moqanan, vicepresidente del Consejo de Estado, explicó que los recursos apuntan que el jefe del Estado no tiene derecho a tomar estas medidas sin recurrir a un referéndum supervisado por los jueces.

Las denuncias, una de ellas presentada por el presidente del poderoso Club de Jueces, Ahmed el Zind, acusan además a Mursi de abuso de poder por declarar sus decisiones definitivas e inapelables ante la Justicia hasta la entrada en vigor de una nueva Constitución.

Este decreto desencadenó una ola de protestas en Egipto, que hasta el momento se ha saldado con un muerto y más de 440 heridos, según los datos difundidos ayer por el Ministerio de Sanidad.

También tensó aún más la relación entre Mursi y los magistrados, que pretenden que el presidente recule de "inmediato" y anule su declaración constitucional.

Para tratar de resolver la crisis, Mursi se entrevistó ayer con el jefe del Consejo Superior de Justicia, Mohamed Metuali, y otros seis jueces, una reunión que a última hora de la tarde de ayer no había terminado.

El Consejo Superior de Justicia calificó de "agresión sin precedentes contra la independencia del poder judicial" la declaración constitucional, aunque pidió a los magistrados que no sigan la huelga convocada por el Club de Jueces.

Pese a las críticas, Mursi se declaró "optimista" de que los egipcios van a superar las dificultades que sufren actualmente, según el portavoz de la Presidencia, Yaser Ali.

En la misma línea, el ministro de Justicia, Ahmed Meki, afirmó que la crisis está a punto de resolverse y que tras la cita con los jueces "las diferencias desaparecerán". "Mursi cuida mucho el establecimiento de un Estado de la ley y lo que ha pasado ha sido un malentendido por la falta de claridad en las intenciones del presidente y el ambiente de discordia", dijo tras una reunión de ministros de Justicia árabes.

Entretanto, las protestas persistían en Egipto, en especial en la plaza cairota de Tahrir, donde los opositores a Mursi mantienen una acampada desde el viernes. El manifestante Said Seif aseguró que se quedará en la plaza "hasta que Mursi retire su declaración constitucional" y que los liberales no van a permitir que el presidente cometa "más infracciones".

En Tahrir se celebró ayer un funeral multitudinario del joven fallecido la semana pasada en los choques con las fuerzas de seguridad durante unas protestas previas al anuncio del decreto.

También tuvieron lugar las exequias de un seguidor de los Hermanos Musulmanes, de 15 años, que murió el domingo en enfrentamientos con detractores de Mursi en Damanhur, en el norte.

La Presidencia egipcia ordenó ayer a la Fiscalía General acelerar sus investigaciones sobre la muerte de estos jóvenes e instó a que las manifestaciones sean pacíficas.

Desde el inicio de las protestas, fueron incendiadas varias sedes del Partido Libertad y Justicia, brazo político de los Hermanos Musulmanes, dirigido por Mursi hasta que asumió la Presidencia en junio.