Cientos de miles de personas continúan en las calles de Hong Kong para protestar contra la polémica propuesta de ley de extradición, cuya segunda lectura, que estaba prevista este miércolesy, fue pospuesta hasta nuevo aviso ante las movilizaciones de rechazo.

La policía hongkonesa ha desalojado con pelotas de goma y gases lacrimógenos los alrededores de la sede del Consejo Legislativo que habían tomado miles de manifestantes para protestar contra la polémica ley, según testigos.

Los manifestantes se han visto forzados a abandonar el lugar después de que la policía empleara métodos antidisturbios, a los que ya recurrió en incidenes aislados el pasado domingo.

La polémica ley de extradición permitiría a la Jefatura del Ejecutivo local y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de jurisdicciones sin acuerdos previos -en particular, China y Taiwán-, ni supervisión legislativa.

Fotos publicadas por el rotativo local South China Morning Post mostraron este miércoles a manifestantes haciendo acopio de ladrillos de las aceras y una fuente indicó que la policía desplegó una bandera con este consejo: "Os dispersáos o disparamos".

Las tensiones no han dejado por el momento enfrentamientos graves, aunque muchos manifestantes se han visto forzados a abandonar la sede del Legislativo por los efectos del gas pimienta al tiempo que empezaban a llegar las ambulancias.

"Nuestra empresa trabaja con muchos clientes extranjeros y es muy importante para Hong Kong que se mantenga el principio rector de 'un país, dos sistemas', comentó a Efe una manifestante, Crystal Lee.

Dicho principio permite a la ciudad disfrutar de libertad de expresión, de reunión y de un sistema judicial con garantías en teoría hasta su asimilación por parte de China, prevista para 2047.

"El Estado de Derecho es uno de los principales activos de Hong Kong para convencer a las empresas extranjeras para que inviertan en la ciudad", añadió la manifestante.

Otro hongkonés, Patrick L., que trabaja en una aerolínea, uno de los sectores cuyos sindicatos anunciaron esta semana su adhesión a una huelga en protesta por la ley, indicó que aunque la gente quiere unirse a la huelga "teme ser despedida".

Mientras, una española residente en Hong Kong, Pilar Aguilera Cacho, se mostró convencida de que se trata de "una batalla perdida", porque "Pekín terminará tomando el control total".

Persecución a los opositores

"Pero si se deja de luchar entonces sí que ya no habrá ninguna esperanza", señaló la ciudadana española. "Desde luego, me parece un golpe enorme a la autonomía de Hong Kong. Me preocupa mucho que Pekín lo usara para amenazar y perseguir a sus opositores aquí", sentenció.

Otros manifestantes se mostraron más optimistas y, con las manos en alto y sin la intención de moverse del lugar, corearon consignas como "Nos han subestimado", "Que se joda la Policía" y "Que se joda China", aunque más cautos se mostraron miembros de la iglesia que repartieron biblias y rezaban y lanzaban "aleluyas".

En los carteles vistos hoy algunos asistentes denunciaban que la policía está defendiendo a la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, cuando debía estar cumpliendo su deber, que es el de "proteger los manifestantes".

Mientras, el presidente del Consejo Legislativo de Hong Kong, Andrew Leung, ha decidido este miércoles posponer hasta nuevo aviso la reunión de este órgano en la que tenía previsto llevarse a cabo la segunda lectura de la polémica ley de extradición, puesta sobre la mesa en febrero y cuya votación final se prevé para el jueves 20 de junio.

De aprobarse, los tribunales locales podrán revisar los casos de esta índole de manera individual y usar poder de veto para impedir ciertas extradiciones, aunque el Ejecutivo hongkonés insiste en que el texto intenta tapar un vacío legal.

De la misma opinión es la prensa oficial china, para quien la protesta viene de la mano de grupos "separatistas y extremistas" que actúan bajo "la interferencia de fuerzas extranjeras, particularmente Estados Unidos", reza este miércoles un editorial del oficialista Global Times.

"Se trata de un incidente violento que ha generado fuertes críticas de diferentes grupos de la sociedad hongkonesa y que daña gravemente la estabilidad y la prosperidad de la ciudad", señala el periódico, que llama "irresponsables" a quienes "incitan a la gente joven a realizar protestas callejeras".

Preguntado sobre si Pekín apoya el uso de la fuerza contra los manifestantes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Geng Shuang indicó que "cualquier conducta que mine la prosperidad y la estabilidad de la región contarán con la oposición de la opinión pública dominante de Hong Kong".

Sobre la consulta de la prensa extranjera de si el Gobierno chino está enviando vehículos militares y tropas a Hong Kong, como sugieren algunas publicaciones en las redes sociales, Geng respondió: "Eso es desinformación. Te puedo asegurar que es un viejo rumor para infundir pánico".

En cualquier caso, la propuesta de ley se ha topado con la oposición de un amplio espectro social, de estudiantes a empresarios, que han expresado su preocupación por el riesgo de que residentes en Hong Kong acusados de delitos sean trasladados a la parte continental de China.

De este modo, activistas locales, periodistas críticos o disidentes residentes en Hong Kong también podrían ser enviados a la China continental para ser juzgados.

El régimen comunista, carente de mecanismos de fiscalización y sin separación real de poderes, se comprometió en 1997 -cuando la soberanía de Hong Kong le fue devuelta de manos de Londres- a mantener el sistema dejado por los británicos hasta 2047, aunque la presión de Pekín sobre el archipiélago aumenta progresivamente.

Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, han expresado su preocupación ya que la norma "permitiría a los acusados ser entregados a un sistema judicial que no ofrece ningún tipo de protección contra persecuciones de motivo político por parte de las autoridades y está plagado de torturas, y otras formas de malos tratos, confesiones forzosas y juicios injustos".