Un fiscal argentino denuncia a la presidenta por encubrir a los autores del ataque a la mutual judía

Un fiscal federal denunció el miércoles a la presidenta argentina, Cristina Fernández, y al canciller, Héctor Timerman, por la supuesta negociación de un "acuerdo de impunidad" con Irán para encubrir a los imputados del atentado contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994 en Buenos Aires.

El fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, solicitó además un embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos (20 millones de euros).

En una presentación judicial, Nisman apunta a la presidenta por los delitos de "encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario publico y estorbo del acto funcional". La denuncia alcanza al diputado oficialista Andrés Larroque, los militantes Luis D'Elia, Fernando Esteche, personal de Inteligencia de la Presidencia y el ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia.

Según el fiscal, la denuncia se basa en evidencias reunidas mediante escuchas telefónicas sobre las maniobras del Gobierno argentino para "librar de toda sospecha a los imputados iraníes" y "fabricar la inocencia de Irán". "Por expresas órdenes de la presidenta se configuró una diplomacia paralela de facto que desde las sombras permitió llevar adelante el plan criminal", dijo.

Nisman detalló a la prensa que en las escuchas no está registrada la mandataria, pero sí Larroque y D'Elía que, según el fiscal, aparece hablando directamente con Mohsen Rabbani, uno de los principales acusados por el atentado (prófugo y buscado por Interpol).

Según Nisman, las negociaciones comenzaron en 2011, cuando Fernández se acercó a Irán para "restablecer relaciones comerciales plenas" para superar "la crisis energética argentina mediante un intercambio de petróleo por granos" y "hasta venderle armas".