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EL negocio de los bingos en Andalucía atraviesa un difícil momento, con drásticas caídas en los últimos años tanto en los ingresos como en el empleo. En nuestra comunidad existen en este momento tan sólo 38 salas de juego de bingo, cuando hace diez años la cifra era de 65. En los últimos doce meses han cerrado en la región ocho salas, lo que representa el 50% de las que se han clausurado en España. Según datos del sector, el volumen de negocio se ha reducido en ese periodo más de la mitad, pasando de 553 a 211 millones de euros, lo que se ha traducido en una gran bajada de la recaudación tributaria. Y, como consecuencia, todo ello ha provocado una caída del empleo a razón de cien personas por año en una actividad que da trabajo directo a 1.200 personas y a más del doble de manera indirecta. Esta situación se debe en gran parte a la actividad ilícita existente, como ponen de manifiesto las diferentes operaciones que viene realizando la Policía Autonómica, con especial incidencia en la provincia de Cádiz, en la que más salas de bingo han cerrado en los últimos años. Muchas peñas recreativas y otro tipo de entidades sociales dan cobijo a esta actividad ilegal, que en algunos casos, es cierto, mueven cantidades muy pequeñas, casi ínfimas, pero en otros, las cifras son más que millonarias. Aunque bien diferentes en su origen, en cualquiera de los casos estamos hablando de una actividad que está perseguida por la ley y los empresarios se quejan de las escasas herramientas jurídicas que tienen a su alcance las autoridades competentes, que sólo permiten sanciones casi simbólicas. Otro de los factores que contribuyen a la paulatina desaparición de una actividad que en un tiempo no muy lejano llegó a ser pujante es la alta fiscalidad que se aplica al sector del bingo andaluz, la segunda más elevada entre las autonomías españolas. Se da alas de esta forma a la actividad ilícita que no sabe de impuestos y que, por tanto, no deja un euro a las arcas públicas. También la ley antitabaco supuso una caída del 30% en la asistencia a este tipo de locales legales. Para atajar este problema y frenar el descenso en picado de un juego muy tradicional basado en las relaciones sociales (la cuantía de los premios depende del número de personas en el juego), que sigue dando empleo a muchas familias, los empresarios apuntan como posibles soluciones a una reforma legal que permita un mayor rigor en las sanciones al negocio ilícito, a una rebaja en la fiscalidad (del 57,14% a la altura del tabaco) y a una mayor concienciación ciudadana sobre el juego ilegal que haga ver que destruye empleo, que resta ingresos a las arcas públicas y que supone un riesgo por la falta de seguridad de los locales no autorizados.

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