EL Gobierno logrará hoy, gracias a la mayoría absoluta con que cuenta el Partido Popular, que el Congreso de los Diputados apruebe el paquete de 47 medidas contenidas en el decreto-ley para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de la economía española que acordó el pasado viernes. Es una iniciativa importante: supone reformas en 26 leyes y decretos vigentes en los últimos años sobre materias heterogéneas, aunque orientadas a la actividad económica. Van desde la revisión del IRPF de los autónomos a la liberalización de los horarios comerciales, el plan de garantía del empleo juvenil o la rebaja de las comisiones de las tarjetas de crédito. Lo que los grupos parlamentarios de la oposición cuestionan es el procedimiento elegido por el Ejecutivo para ponerlas en marcha. La tramitación normal de los cambios legislativos se basa en los proyectos de ley, que permiten un debate más sereno, con tiempo suficiente para la discusión, las enmiendas y la transacción. El Gobierno, no obstante, ha optado por el decreto-ley a convalidar de inmediato por el Congreso de los Diputados, aunque no cierra la puerta a su posterior ratificación en forma de proyecto legislativo. Ahora bien, el decreto es concebido en nuestro ordenamiento como un instrumento excepcional, expresamente pensado para casos de urgente necesidad. Son circunstancias que no concurren en este caso, ya que las medidas, aunque convenientes en su mayor parte, carecen del grado de perentoriedad en su aplicación que justificaría su aprobación por la vía del decreto. La consecuencia será que toda la oposición, cuya labor de control del Gobierno es incontrovertible en nuestro sistema democrático, se verá impelida a aprobar o rechazar en bloque la propuesta gubernamental, con un tiempo mínimo para su debate y sin posibilidad de presentar enmiendas parciales. Todo esto queda impedido por la vía del decreto-ley escogida por el Gobierno debido a su cómoda mayoría absoluta. No tenía ninguna necesidad de hacerlo así. En general, los gobernantes caen en la tentación a lo largo de sus mandatos de abusar de los decretos. Lo hizo así el Gobierno Zapatero cuando, en mayo de 2010, dio un vuelco a su política económica, aprobando los recortes y ajustes impulsados por las autoridades europeas, pero entonces España se encontraba al borde de tener que pedir el rescate financiero y se imponía una respuesta rápida y contundente. Es decir, por decreto. Ahora no vivimos, afortunadamente, aquellas circunstancias. Por eso no existe la urgente necesidad de legislar por decreto. En cierta manera el PP ningunea al Parlamento con esta iniciativa. Le priva temporalmente de algunas de sus funciones.

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