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Ni Doñana lo resiste ni Bruselas lo aceptará

La iniciativa legal deshace el camino andado con el plan de regadíos de 2014, que es el que permite que Unesco no haya puesto a Doñana en la lista roja

Tres partidos políticos del Parlamento andaluz han registrado una proposición de ley para legalizar 1.460 hectáreas de regadío en el entorno de Doñana. PP, Ciudadanos y Vox quieren cambiar el reciente plan que ordena esta zona, un plan aprobado en 2014, que necesitó de grandes consensos y que, básicamente, suponía una legalización de los cultivos a cambio de que la foto quedase fijada para salvaguardar la existencia del área natural de Doñana. El parque y los cultivos necesitan el mismo acuífero, de modo que el Plan de la Corona Forestal de Doñana suponía el logro de cierto equilibrio entre economía y medio ambiente. Este plan es el que ha impedido, por ejemplo, que la Unesco meta a Doñana en lugares patrimonio en peligro, lo que hubiera supuesto una mácula para España. Nuestro país ya fue condenado el año pasado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por permitir "extracciones abusivas" de este acuífero, considerado sobreexplotado por el Ministerio de Transición Ecológica. Pero, ahora, PP, Ciudadanos y Vox quieren deshacer lo andado y legalizar otras 1.460 hectáreas de cultivos de regadío. Es curioso que la iniciativa legal la toman los partidos, y no el Gobierno andaluz, y suponemos que se hace así porque el Ejecutivo de Juanma Moreno no desea abanderar un proyecto que sabe que tendrá consecuencias, tanto en la UE como a nivel mundial. La marca Doñana también puede peligrar, porque Bruselas vigila atentamente que los frutos rojos que produce la comarca no perjudican al entorno. Nos tememos que la iniciativa de los tres partidos no busca otra cosa que satisfacer a los demandantes de modo engañoso, por cuanto el Gobierno andaluz no tiene tiempo en esta legislatura para cambiar el plan ni, mucho menos, para entablar conversaciones con las autoridades europeas. Porque el hecho real es que no hay más agua, y los posibles recursos extraordinarios, como los de la presa de Alcolea, ni son seguros ni están previstos para lo ilegal.

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