Editorial
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En condiciones de normalidad política, como ocurre en Andalucía, el Presupuesto de una administración pública muestra con más claridad que cualquier declaración cuáles son las prioridades de gestión del Gobierno y el diagnóstico de sus principales problemas. En este sentido, las cuentas enviadas ayer por el Ejecutivo al Parlamento, para que sean aprobadas en tiempo y forma antes de final de año, señalan que la Junta es consciente de que la sanidad es su punto débil y de que necesita reforzarla para garantizar el servicio a los ciudadanos, pero también para que no se convierta en una fuente de desgaste que comprometa, a medio plazo, la continuidad de su proyecto político. En esta clave hay que traducir la aportación de mil millones de euros más de los que se destinaron el año pasado para reforzar la Atención Primaria. Según dice el presidente Juanma Moreno, en un ejercicio de realismo que se debe de agradecer en un ambiente en el que el triunfalismo es la norma, porque hay “cosas que no funcionan”. El total de lo que la Junta va a destinar el próximo ejercicio a la sanidad se eleva a 15.247 millones de euros sobre un montante total de 48.836. El gasto sanitario se incrementa un 6,9% en un Presupuesto moderadamente expansivo, que sube un 4,4%. Este es el panorama en un año de bonanza económica en el que la recaudación, tanto del Estado como de la propia Junta, ha tenido un comportamiento muy positivo. Si esta tendencia se va a mantener en los próximos ejercicios es algo que está por ver, aunque las previsiones apuntan a una situación de estancamiento. Todo ello con el telón de fondo de la infrafinanciación que sufre Andalucía y la amenaza de un sistema en el que los privilegios para Cataluña los paguen los demás. El hecho de que la sanidad se convierta en la prioridad del Presupuesto es aplicar dosis de realismo en un capítulo destinado a seguir dando los mayores dolores de cabeza a la Junta.
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