Tribuna

Manuel Gutiérrez Luna

Magistrado y ex presidente de la Sala de Apelaciones del TSJA

¿Debe ser obligatoria la vacunación?

La vacunación obligatoria podría dar lugar al fin de los confinamientos, con el daño económico, de salud mental y físico que está conllevando en la población

¿Debe ser obligatoria la vacunación? ¿Debe ser obligatoria la vacunación?

¿Debe ser obligatoria la vacunación? / rosell

Inmersos nos hallamos en la sexta ola del coronavirus, con aumento de casos a diario y con colapso de los centros sanitarios de varias comunidades autónomas.

Ante este incremento de personas infectadas en Europa, los países están endureciendo sus restricciones y buscan que la población se vacune. Hasta el momento se han implantado medidas como el pase covid o confinamientos y limitaciones en algunos países para los no vacunados.

Lo que al principio parecía imposible, ahora empieza a estar sobre la mesa. Cada vez son más los países que, tras un debate en sus respectivos parlamentos, han acordado la vacunación obligatoria como una forma de combatir las distintas oleadas de este virus. Así, Austria fue el primero de los países en imponer la vacunación obligatoria a partir del 1 de febrero; Grecia, Italia y Francia, entre otros, han impuesto la vacunación obligatoria para determinados sectores básicos de la sociedad, como lo son, los sanitarios, profesorado, militares, policías; las sanciones que se imponen en caso de negarse, son dispares, pues van desde la imposición de una multa a la restricción para acceder a bares, restaurantes, gimnasios y muchos eventos donde se requiere el uso del pase sanitario.

En nuestro país, por el contrario, el Gobierno se ha abstenido de tomar medidas claras, y en estos dos años desde el inicio de la pandemia, no sólo no se ha debatido en el Parlamento esta cuestión, sino que tampoco se ha llegado a aprobar una ley que desarrolle cuanto se ha querido dejar en manos de las comunidades autónomas, las que a su vez, deben consultar las medidas restrictivas ante sus Tribunales Superiores de Justicia, con criterios lógicamente dispares, y que está produciendo un auténtico galimatías, al no coincidir las medidas a nivel nacional.

Coinciden todos los expertos microbiólogos en que las vacunas salvan vidas, reduciendo el riesgo de enfermar de gravedad. Las autoridades sanitarias deberían profundizar en la difusión de que el principal objetivo de la vacunación es prevenir la enfermedad y, en caso de contraerla, disminuye su gravedad y mortalidad.

El derecho a la integridad corporal de una persona que no quiere vacunarse, y que quiere tomar sus propias decisiones sobre qué tratamiento médico recibir, choca directamente con los derechos de otras personas de no infectarse con enfermedades potencialmente fatales.

La vacunación en España es voluntaria, ya que la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, establece que toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. Es un derecho de todo ciudadano, pero como todos los derechos tiene limitaciones, que consisten en el no perjudicar a terceras personas.

Así hay libertad de pensamiento, pero se sancionan los insultos innecesarios al verter una opinión; se permite la ingesta de alcohol, pero se castiga cuando se conduce bajo sus efectos.

Acreditado por la ciencia médica que el no vacunado -pese a los riesgos propios que puede sufrir- puede contagiar al resto de sus convecinos, es preciso en principio un debate de toda la sociedad, incluída por supuesto la clase política, en torno a la obligatoriedad o la voluntariedad en quien se niega a recibir la vacunación.

Y si se llega a una mayoritaria convicción de que debe ser obligatoria, criterio por el que me inclino -salvo excepciones donde puede ser perjudicial por existir contraindicaciones que afecten al negacionista-, debería salir de las Cortes Generales una Ley de Pandemia y las medidas que deberían adoptarse en los casos de negarse a ser vacunadas las personas adultas. Y entre ellas el limitar el acceso a sitios y lugares públicos y todos aquéllos donde pueda haber contacto con terceras personas, pero no de forma temporal -como hasta ahora-, sino definitiva. Y para salvaguardar el derecho de quienes puedan tener una causa justificada para no vacunarse, la creación dentro de Sanidad de un registro donde conste la causa de la negativa, se examine la misma y se dictamine si obedece o no a una causa justa.

Se evitaría de tal forma el que muchos de los contagios que se producen en la actualidad provengan de negacionistas, y que al esgrimir su derecho a la voluntariedad esté dañando, contagiando a terceros. La vacunación obligatoria podría dar lugar igualmente al fin de los confinamientos, con el daño económico, de salud mental y físico que está conllevando en la población.

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