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Tribuna

Rafael Rodríguez Prieto

Profesor de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide

Traicionar al Estado

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Traicionar al Estado / rOSELL

Todos recuerdan a Leónidas, el rey espartano que se enfrentó heroicamente a los persas en las Termópilas. Pero, probablemente, pocos conozcan a Efialtes, quien ofreció a los persas una ruta alternativa que terminó por hacer imposible cualquier resistencia al invasor. Ignoramos si el traidor Efialtes se había labrado una fama de buen espartano, pero como dice Javier Cercas, en su libro Soldados de Salamina, "a menudo el énfasis en la lealtad delata al traidor".

Tenemos ministros en este Gobierno que no pierden oportunidad de jactarse de su sentido de Estado o de su inquebrantable respeto a ley. Llama la atención que sean parte del mismo Consejo de Ministros que pretende realizar una reforma ad hoc de la sedición con el fin de favorecer a los que se alzaron contra la Constitución. Son del mismo Gobierno que permite que no se cumpla la sentencia del 25% de castellano, que ha indultado a los golpistas del 1-O y que trasladan sin pudor, y para escarnio de las víctimas -muchas de ellas militares-, a terroristas sin arrepentir para que la Administración autonómica suavice su régimen. Esta grosera relativización de la ley no solo provoca un profundo desafecto en los ciudadanos, sino debilita mortalmente al Estado, a la espera de un Tribunal Constitucional a la medida de los aliados del Gobierno.

La tramitación de los Presupuestos Generales del Estado ha dejado de ser una oportunidad para que los diferentes grupos políticos contribuyan a mejorar la vida de la ciudadanía. Ya ni tan siquiera se trata de un mercadeo donde se intercambian dádivas territoriales, en función de los votos, o se usan las leyes de acompañamiento para algún apaño. Estamos en otro nivel. Ahora es la vía por la que aprobar normas que nada tienen que ver con el debate presupuestario y que desarman al Estado y lo hace desaparecer de la vida diaria de los ciudadanos. El objetivo primario del nacionalismo no es obtener mayores cuotas de autogobierno, sino más bien la destrucción del Estado o su conversión en un elemento residual que termine por disolverse. El fin principal no es competir internacionalmente. La idea es enfrentarse a España. Y si hay movida, mejor que mejor. Hasta este punto hemos llegado. El PSOE y el PP han sido sus aliados en esta deriva, de la que Sánchez es tan solo su muestra más grosera.

¿Qué se puede esperar de personas que reivindicaban, con razón, un cálculo del cupo vasco y navarro más acorde con la realidad y hoy son capaces de comparar los Pactos de la Moncloa con las cesiones a grupos en abierta hostilidad contra su propio Estado? Hace tan solo unos años, la ex consejera de Hacienda de Andalucía tenía una opinión muy diferente del cupo y su cálculo. Hoy comparte el enfoque reaccionario de esta falsa izquierda que favorece a los ricos y a determinados territorios, en vez de repartir en función de la renta y de las necesidades de las personas, sin importar en qué parte de España vivan. La clase sometida a la identidad.

El PP, el mismo que está deseando pactar con los que solicitan un poder judicial propio y que no se aplique la constitución en el País Vasco, fue el que acordó ese cálculo injusto, fruto del concierto económico canovista y decimonónico. Es lógico que una vez logrado prorrogar este privilegio, el presidente autonómico exija más. Hablan de un "derecho inalienable a ser juzgado sólo por nuestros propios jueces" (es decir por nacionalistas) y de "un régimen bilateral de garantías, que permita (…) la inaplicación excepcional de las normas estatales que lesionen nuestro autogobierno". Es triste ser la mascota política de los herederos del supremacista Arana, pero es aun más patético reunirse un día después de que celebren la gran oportunidad de derrotar a España en surf, gracias a una enmienda en la Ley del Deporte. Quizá estén pensando en pasearse por el estadio olímpico con delegación propia. Dejaron caer al Gobierno de Rajoy después de asegurarse la pasta. Todas las cesiones son pocas. Al fin y al cabo, la izquierda les califica de progresistas. Lo siguiente será expulsar a la Guardia Civil. Que no quede nada que les recuerde su DNI.

La Benemérita desvela datos alarmantes sobre los intentos de dar otro golpe por los medios que sean y con los aliados internacionales que hagan falta. El Estado se debilita e incluso paga su propia destrucción. Pero sus servidores resisten. Siempre nos quedan Leónidas y sus trescientos. En demasiadas ocasiones mal pertrechados, o incluso agredidos, y abandonados a su suerte en hospitales, aulas o en las calles por los que deberían dirigirlos. Son nuestros sanitarios, profesores, miembros de las fuerzas de seguridad, administrativos, etc. Es el Estado que se resiste al suicidio programado por unos políticos desleales y cortoplacistas.

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