La tribuna
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La semana pasada conocimos que el PIB de la economía española se derrumbaba un 18,5% -22,1% en términos interanuales- liderando la recesión de toda la UE. Un número importante de organismos de prestigio y bancos de inversión prevén niveles de paro en España en el entorno del 20% -del 30% en Andalucía-, niveles de deuda en el entorno de 120/130% y déficits del 11%.
Estos datos tan desesperanzadores no son casuales ni fortuitos; existen ciertos condicionantes, que han contribuido a un hundimiento mayor de nuestra economía.
En la caída del turismo español han sido clave las amenazas de cuarentena lanzadas por nuestro Gobierno. Estas han contribuido a generar una imagen de país inseguro a muchos gobiernos, que aconsejaban a sus compatriotas no visitarnos. Tampoco han resultado muy acertadas las gestiones diplomáticas con los principales países emisores turísticos: Reino Unido y Alemania.
Por otro lado, se ha dado una reacción demasiado tardía y descafeinada ante los planes de deslocalización de determinadas industrias. Nissan (Barcelona) y Alcoa (Lugo), son sólo algunos ejemplos, muy preocupantes por cierto, de deslocalización industrial.
Otra cuestión que ha influido de manera muy negativa en el derrumbe de nuestra economía ha sido la amenaza continua de subida de impuestos. Este tipo de anuncios, además de contribuir a reducir el consumo, constituye un freno y un desincentivo para la inversión empresarial. No somos pocos los que en un momento como el actual, veríamos mucho más acertado una reducción impositiva que propiciara mayor consumo, mayor actividad empresarial y, por tanto, mayor nivel recaudatorio. En economías con tipos impositivos altos, como ya explicara el economista americano Arthur Laffer en los años 80, una reducción de los mismos genera incrementos recaudatorios.
Una noticia positiva en este crudo escenario son los 750.000 millones de euros que la UE destinará a distintos programas de ayuda, en el marco Next Generation EU, tras la reunión mantenida los días 17 al 21 de julio. España recibirá 140.000 millones del plan propuesto: 77.000 como transferencias y 63.000 como créditos. Pero debemos tener claro que estas ayudas no se entregarán como un cheque en blanco para gastarlas a nuestro antojo. En el punto 69 de las conclusiones de la citada reunión de julio se indica claramente que las actuaciones de los países deberán ir en línea con las recomendaciones del consejo y maximizar el impacto en el crecimiento y la competitividad. Si no fuera así, el consejo podría suspender el compromiso de pago de los programas. Por lo tanto, a la hora de diseñar los programas, deberíamos ser especialmente escrupulosos en evitar proyectos populistas, de gasto improductivo y con poco efecto dinamizador en la economía.
Las recomendaciones del consejo relativas al Programa Nacional de Reformas de España, publicadas en mayo de 2020, han de servir al Gobierno de España como guía a la hora de presentar los proyectos al Consejo. Se recogen, entre otras las siguientes recomendaciones:
-Flexibilización de las condiciones laborales, basadas en un incremento de los estudios en ciencias y tecnologías digitales.
-Dotación de liquidez a empresas y PYMEs, fundamentalmente.
-Anticipación, en la medida de lo posible, de proyectos de inversión pública que estén avanzados.
-Economía climáticamente verde. Es decir, inversión en renovables, infraestructuras de eficiencia energética y transportes sostenibles, reducción del consumo energético de edificios, gestión de recursos hídricos y residuos, desarrollo del potencial de la economía circular, etc.
-Política fiscal prudente que garantice la sostenibilidad de la deuda y que contribuya a fomentar la inversión. No parece que una subida de impuestos vaya en esa línea.
Los cimientos de la recuperación habrían de asentarse sobre políticas de oferta que mejoren la competitividad empresarial, de manera que se genere actividad y empleo. Además de una reducción impositiva que mejore la recaudación, deberíamos asistir a una apuesta clara de las administraciones por la industria y la construcción como sectores tractores y por proyectos ligados a economía verde, economía circular, eficiencia energética, energías renovables, internacionalización y digitalización.
Finalizo estas líneas refiriéndome, con cierta preocupación, a la situación de Andalucía. La UE, en el punto A16) de las conclusiones de la reunión de julio, fija como criterios para llevar a cabo el reparto de fondos, el desempleo y la pérdida del PIB. Por lo tanto, parece justo y razonable, que los países miembros sigan las mismas pautas y no dediquen sus esfuerzos a "inventar" nuevos criterios que pudieran perjudicar gravemente a regiones más desfavorecidas, como es el caso de Andalucía.
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