La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, autorizó el pinchazo de las cuentas de correo de tres altos cargos de la Consejería de Empleo, en el marco de la investigación de las supuestas irregularidades del concurso público que adjudicó la reapertura de la explotación de la mina de Aznalcóllar a la empresa Minorbis-Grupo México, en detrimento de la empresa perdedora, Emerita Resources.

Esta parte de la investigación fue acordada secreta el pasado 17 de enero y ahora, en un auto dictado el pasado 9 de febrero, la juez ha levantado el secreto y ha acordado el volcado de la información recopilada por la Guardia Civil y que se encuentra en un disco duro de 2 terabytes que obra en poder del juzgado. Se investigan los correos institucionales de un periodo comprendido entre 2013 y 2016, dado que desde 2013 s tiene conocimiento de la próxima convocatoria de dos concurso para la explotación de recursos mineros, entre ellos el de Aznalcóllar, y además se produjeron contactos desde diciembre de 2013 entre responsables de la Administración andaluza y de las empresas que luego concursarían en el marco de eventos mineros celebrados en Londres (Reino Unido) y Toronto (Canadá), además de otros encuentros en las oficinas de Emerita en Sevilla, en abril de 2014, o en el hotel Alfonso XIII, en julio de 2014 con motivo de un acto de presentación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde el secretario general de Industria habría afirmado que la Junta “vería con buenos ojos la unión de ambas empresas” en el proyecto, en alusión a Emerita y Magtel.

La instructora autorizó a los agentes de la UCO la intervención de hasta 19 cuentas de correo electrónico, entre las que se encuentran la de tres altos cargos de la Consejería de Empleo: la actual viceconsejera y ex directora general de Minas María José Asensio Coto, el ex viceconsejero Luis Nieto Ballesteros, y el ex secretario general de Industria, Energía y Minas y actual interventor general de la Junta, Vicente Fernández Guerrero.

El resto de cuentas intervenidas se corresponden con los funcionarios y técnicos que intervinieron en la mesa del concurso y en la comisión técnica del concurso público de Aznalcóllar, aunque inicialmente el auto de la juez y el oficio de la Guardia Civil también requería la intervención de la cuenta del consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, pero dada su condición de aforado esta cuenta al final no figura entre las que se ha tenido acceso.

La juez también autorizó la petición del registro de llamadas recibidas en la línea del ex secretario general Vicente Fernández entre los días 10 y 12 de abril de 2014, para tratar de verificar las afirmaciones del responsable de Emerita respecto a que en el transcurso de una reunión le indicaron que en breve recibiría una llamada que le haría cambia de opinión, y pocos minutos después recibió la llamada de Vicente Fernández interesándose por las conversaciones entre los responsables de Emerita y Magtel.

La juez consideró entonces que de la sucesión de contactos previos entre la empresa adjudicataria y la perdedora y la administración autonómica, “resulta la necesidad para completar las investigaciones en curso de acceder al contenido de aquellas comunicaciones que se hubieran efectuado, previsiblemente, a través del correo electrónico y que puedan conservarse en los servidores correspondientes a fin de de poder ascender, del estadio de las meras sospechas al de las confirmaciones sobre la realidad o no de determinadas afirmaciones de las que se han venido haciendo hasta la fecha”.

Decía la juez que el acceso al contenido de estos mensajes se “reputa imprescindible y necesario dado el estado actual de la presente investigación, siendo imprescindible el revelar si hubiera habido o no algún tipo de apoyo o indicación institucional desde la administración autonómica, paralelo a las negociaciones previas y al discurrir posterior del concurso”.

En cualquier caso, la magistrada limitó el acceso al contenido de los mensajes “única y exclusivamente” de aquellos pasajes de los correos que “encontrándose directamente relacionados con el objeto de la investigación, con exclusión por tanto de cualquier comunicación relativa a la defensa jurídica de los implicados en esta causa, resulten relevantes para el avance y completo esclarecimiento de los hechos que aquí se investigan” y además sólo se intervinieron los “correos corporativos estrictamente vinculados al ámbito profesional, ajenos por tanto a cualquier ámbito o aspecto de intimidad personal”.

El volcado de esta información que está almacenada en un disco duro se realizará en el juzgado el próximo 20 de febrero y a partir de ese momento se entregará una copia a la Guardia Civil para el estudio de los correos en los aspectos concretados por la instructora.