La familia de Carlos Parra se opone al indulto a Ortega Cano porque la pena ha sido "muy blanda"
Condena a Ortega Cano
La acusación particular critica la actuación "negligente y desastrosa" del torero y señala, sobre los problemas de salud, que "será muy bien atendido por los médicos en prisión".
La familia de Carlos Parra, el vecino de Castilblanco de los Arroyos que falleció en el accidente de tráfico protagonizado por el torero José Ortega Cano se ha opuesto a que se le conceda el indulto, ya sea total o parcial, porque considera que la sentencia ya ha sido "muy blanda" con el matador tras su "negligente y desastrosa" actuación el día de los hechos.
En un escrito remitido a la Audiencia de Sevilla, que tramita la petición de indulto solicitada por el torero, el abogado Luis Romero Santos, que representa a los familiares de la víctima, señala que la trayectoria del torero el 28 de mayo de 2011 puede definirse como "negligente y desastrosa" y resume de esta forma su andadura durante aquella jornada: "Estuvo en la celebración de su finca Yerbabuena recibiendo a los visitantes, recorrió un sinfín de tabernas tanto en Castilblanco como en Burguillos, y hasta el 112 fue alertado de que un conductor al volante de un Mercedes conducía poniendo en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Se acercaba y alejaba del vehículo que le precedía, adelantaba cuando estaba prohibido, circulaba tranquilamente por el carril contrario, se paró en una cafetería y dejó el motor y luces encendidas de su auto, los camareros de dicho local lo vieron llegar y salir ebrio y uno de ellos le sirvió una copa de whisky; al igual que una señora que se encontraba fuera del establecimiento. Y antes de ocurrir el accidente también lo vio otro conductor adelantando en cambio de rasante a toda velocidad y estando prohibido".
La acusación particular señala, respecto a las alegaciones de los problemas de salud, su edad y trayectoria profesional, que estos elementos "no son suficientes para el perdón" del Gobierno y argumenta en cuanto a sus dolencias cardíacas y otros problemas de salud que “como no se refiere a ninguna enfermedad terminal, será muy bien atendido el torero por los médicos de la prisión", asevera el abogado Luis Romero, que recuerda que además no se puede aludir a que haya transcurrido mucho tiempo desde que ocurrieron los hechos puesto que no han pasado ni tres años desde el trágico accidente.
Además la acusación particular entiende que el torero "ya se ha beneficiado de la benévola aplicación del artículo 66 del Código Penal", pues no se ha tenido en cuenta ni por el juzgado de lo Penal ni por la Audiencia de Sevilla la gravedad de los hechos a la hora de extender la pena. "Se le ha condenado a la pena mínima a pesar de haber sido encontrado culpable de tres delitos y haber fallecido una persona: la sentencia ya ha sido muy blanda", sostiene el letrado, que añade que “no sería justo" para los familiares de la víctima que ahora que debe aplicarse una sentencia por tres delitos muy graves se le permitiese rebajar su condena y no ingresar en la cárcel., porque aparte del dolor que la medida de gracia produciría a los familias, “tampoco lo entendería la opinión pública, que ha oído en todo momento eludir cualquier tipo de responsabilidad al torero".
Luis Romero señala que todo lo contrario, Ortega Cano ha negado desde el primer momento "que hubiera tomado alcohol, que fuese aficionado a la bebida, que condujese sobrepasando los límites de velocidad, que no sabía cómo había invadido el carril contrario" y ha sostenido que "los conductores que llamaron al 112 sólo querían aprovecharse de su fama, que los agentes de tráfico se equivocaron al calcular su velocidad, e incluso que él desconocía que su familia estuviese buscando para él un centro de rehabilitación por su adicción al alcohol. Sin embargo, condenado está por conducción temeraria, por conducir bajo los efectos del alcohol y por causar con su imprudencia una muerte”, por lo que considera que no ha reconocido los hechos “ni siquiera ahora en el escrito de indulto ni muestra arrepentimiento alguno".
Por último, la acusación particular señala la "alarma social" que ha generado este caso y lo relaciona con las reiteradas campañas de concienciación dirigidas a la opinión pública por parte de la Dirección General de Tráfico con el objeto de reducir el número de accidentes mortales y con heridos graves. "Siempre se insiste en las mismas en la prudencia que deben mostrar los conductores y, cómo no, a que no se debe conducir si se ingiere alcohol", concluye el letrado.
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