El alcalde de El Coronil, José López Ocaña, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, por la actuación de los tres regidores que le precedieron -Juan Antonio Nuñez (IU); Jerónimo Guerrero (PSOE) y María Isabel Gómez (Ganemos)-, por adjudicar la urbanización de los terrenos que iban a conformar el polígono industrial El Garrotal a una empresa que no cumplía los requisitos, ir modificando las exigencias y no denunciar o reclamarle después nada por los incumplimientos y para defender los intereses del Consistorio. Las parcelas, cedidas de forma anticipada por un particular al que había que devolverle una parte ya urbanizada, han terminado en manos de terceras personas o empresas, sin que las obras se hayan ejecutado.

En la denuncia que López Ocaña interpuso como alcalde y presidente de la Sociedad Municipal de Desarrollo Corileña (Sodecor) ante la Fiscalía el 17 de febrero, considera que se podrían haber cometido presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y estafa.

Según ha precisado el regidor, tuvieron conocimiento de la situación en diciembre, cuando los propietarios originales de los 100.000 metros cuadrados de terreno, ubicados a la entrada de El Coronil desde Utrera,  presentaron por registro un documento pidiendo que se cumpliera el acuerdo que firmaron en 2004 con el alcalde Juan Antonio Núñez (IU). Según el mismo, cedían al Consistorio anticipadamente el terreno, a cambio de que se le devolviera el 20% con parcelas urbanizadas, como compensación.

A raíz de eso, el equipo jurídico comenzó a revisar la situación del acuerdo y los terrenos, que teóricamente iba a servir para sacar las empresas e industrias del casco urbano. Se detectaron  irregularidades y anomalías en todo el proceso seguido que, según el nuevo equipo de gobierno, deben denunciar para que el Ayuntamiento no termine pagando por las mismas y no ser cómplices. Las obras del polígono no están ejecutadas, sólo hubo movimientos de tierra y varios anuncios y actos de colocación de primera piedras.

Según la denuncia, la urbanización de aquellos terrenos se sacó a licitación pública. Pero sólo concurrió una empresa utrerana Núcleo Urbano Prasur S.L., "que no cumple prácticamente ninguno de los requisitos": no presenta fianza, ni siquiera estaba dada de alta en la Seguridad Social en ese momento y, a pesar de que se exigía solvencia financiera, arrastraba deudas por 1,8 millones de euros y no había ejecutado obras de tal envergadura. Pero se acuerda adjudicarle el contrato para las obras, entregándole los terrenos para ello, se señala.

El alcalde de El Coronil, José López Ocaña, tras interponer la denuncia.

"A partir de ahí surge la segunda fase de las irregularidades", según la denuncia, porque el alcalde Juan Antonio Núñez modificó, al parecer sin ningún procedimiento, el requisito de presentar a los 15 días de la adjudicación una garantía de 200.000 euros y sí firmó un contrato privado con la empresa. El pago se posterga a los 15 días posteriores de que los terrenos se escrituraran a nombre de Núcleo Urbano Prasur SL., lo que supone un "claro beneficio" para la misma, que se hace con los terrenos sin cumplir los requisitos y sin presentar aval ni fianza. Tampoco realizó, siempre según la denuncia, dos pagos por 450.000 euros que se debían haber hecho efectivos antes de firmar la escritura de transmisión de los terrenos.

Justo después de eso, es cuando se produce el cambio de gobierno, por las elecciones, y asume la Alcaldía el socialista Jerónimo Guerrero, que, según el escrito elevado a la Fiscalía, modifica de nuevo plazo para presentar la fianza para fijarlo a los 30 días de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los terrenos a favor de la empresa.

En la denuncia se recoge también que la empresa no pagó, ni ejecutó las obras pero sí vendió o traspasó parcelas a terceros. "Presuntamente parece que alguien ha salido muy beneficiado y el pueblo muy perjudicado", se asevera en el escrito, en el que se señala que, pese al incumplimiento ni el alcalde Jerónimo Guerrero ni su sucesora reclaman nada judicialmente a la empresa que "presuntamente se ha enriquecido a costa del pueblo de El Coronil".

Consultado sobre si no ha preguntado o consultado directamente con su compañero de partido esta aparentes anomalías, desde el gobierno municipal socialista se señala que "no hay relación" y que el objetivo es que el ayuntamiento no termine pagando por una mala gestión.