El PP insta a la Junta a retirar el POTA tras el fallo del TSJA sobre Burguillos

El PP-A y los ayuntamientos de la formación que presentaron recursos contra el POTA (Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, con el que la Junta puso límites al aumento de población y de suelo urbano que se puede planificar en un PGOU) adjuntarán en la documentación que presenten en el juzgado la sentencia del TSJA que, recientemente, ha dado la razón al Ayuntamiento de Burguillos. Éste recurrió en 2006 una resolución de la Junta que le obligó a dejar fuera de su PGOU dos de los sectores residenciales que había previsto y aprobado en su Pleno.

Así lo reiteró ayer la diputada andaluza Alicia Martínez, quien participó en una reunión con alcaldes y representantes del PP para analizar el fallo. El grupo volvió a pedir a la Administración andaluza que "rectifique y derogue" una norma que -están convencidos- ha sido una de las causas del grave aumento del paro en la construcción por el "caos" y la "inseguridad jurídica" que se generó a raíz del mismo. "Cuando el diciembre de 2006, se aprobó sorpresivamente el POTA el 80% de los municipios habían aprobado inicialmente sus PGOU, que están paralizados desde entonces por el informe de incidencia territorial, lo que ha destruido empleo", coincidieron los políticos municipales.

Aunque el fallo del TSJA sobre Burgillos hace referencia a un PGOU que se aprobó en 2006, antes de que estuviera en vigor el POTA, el PP está convencido de que los argumentos que han servido al TSJA para respaldar el derecho de este Ayuntamiento a diseñar un municipio con 3.482 nuevas viviendas (de las que Junta obligó a dejar fuera 2.343), son idénticos a los que ellos han planteado en contra del POTA, por lo que confían en que la Sala de lo Contencioso Administrativo TSJA se pronuncie de idéntica forma en su caso.

Se aferran para ello en afirmaciones como que "tanto la capacidad de población o techo poblacional, como el modelo de ciudad son determinaciones de planeamiento que no tienen conexión con aspecto alguno de un modelo territorial superior, ni inciden en aspectos de interés supramunicipal, por lo que no cabe el control de oportunidad de la Administración autonómica", que recogen la sentencia, en la que se añade que, en su caso, sería la Junta la debe "acreditar que no se logra el desarrollo sostenible y cohesionado".

Alicia Martínez apuntó además que ya han pedido la comparecencia parlamentaria del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, para que explique las repercusiones de la resolución judical. "En un contexto de corrupción urbanística en Andalucía, la Junta no ejerce su competencia de control, pero sí lo hace para inmiscuirse en la autonomía municipal", apostilló la diputada del PP.