El PSOE pide la dimisión del alcalde tras la quiebra "culpable" de Produsa

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Utrera, José María Villalobos, pidió este lunes la dimisión del alcalde, Francisco Jiménez (PA), después de que el administrador concursal de la sociedad del Ayuntamiento, Promoción y Desarrollo de Utrera (Produsa), en sus conclusiones haya calificado de "culpable" la situación de quiebra de la empresa municipal. Este gerente nombrado por el juzgado considera que hay anomalías contables que, junto al retraso en la toma de decisiones, han agravado el déficit y responsabiliza a los dos últimos consejeros delegados, José Jiménez Álvarez (de 2007 a 2012) y Juan Carlos García Marín, vinculados al PA, ya que cree que el resto de miembros del consejo de administración delegaban en ellos la toma de decisiones.

Pero si el caso ya sería grave, sus conclusiones han servicio a la Fiscalía para ir mucho más allá. Ésta ha denunciado a diez personas -la mayoría de las que han pasado por los dos últimos consejos de administración del ente- con el alcalde y presidente de Produsa a la cabeza. Para éste pide cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y entidades mercantiles, los mismos que para el consejero delegado, José Jiménez Álvarez. La Fiscalía apunta incluso que ambos tendrían que reponer de su propio patrimonio y de forma "al menos parcial" la deuda generada.

Para el anterior consejero delegado y ex líder del PP en Utrera, Carlos Javier Sánchez Soto, y Juan Luis Montoya (todavía edil andalucista) la Fiscalía pide tres años de inhabilitación del mismo tipo, al igual que para los consejeros que, en representación de las sociedades Prodetur y e Inpro, de la Diputación de Sevilla, se nombraron desde esta administración. Para el resto de miembros del consejo, pide dos años de inhabilitación. Entre éstos está la actual edil de Seguridad Ciudadana, Consuelo Navarro.

El PSOE ha anunciado que solicitará un Pleno extraordinario para exigir que se depuren responsabilidades políticas. El PA gobierna con nueve concejales en Utrera, junto con los cuatro del PP. El PSOE tiene diez y en la oposición hay también un edil de IU y otro de UPyD. La sesión debe convocarse antes de 15 días. Villalobos incidió en que Utrera tiene "problemas graves" que hacen que no se "pueda permitir" un gobierno en esas circunstancias y defiende que las conclusiones de la administradora concursal y la Fiscalía, aunque no sean firmes y deba dirimirlas un juez, confirman lo que ha advertido muchas veces sobre las anomalías y la falta de control en Produsa, por las que se le tachó de "alarmista". Señala que la única razón por la que no se pidió el concurso de acreedores antes fue "electoralista".

Según se recoge en el escrito que la Fiscalía ha presentado ante juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla, que adelantó Utreraweb, los problemas de tesorería hubieran obligado a pedir el concurso de acreedores mucho antes. En 2006, comienzan los impagos a la Seguridad Social. En 2009, a Hacienda. En 2010 se dejaron de abonar préstamos hipotecarios.Pero el consejo de administración de Produsa solicitó el concurso voluntario de acreedores en abril de 2012.

Entre las anomalías detectadas, está la "ausencia de los libros de contabilidad de los ejercicios 2010 y 2011" y que la contabilidad existente "no permite conocer la verdadera situación patrimonial" de Produsa: no contabiliza todos los "saldos de acreedores con las entidades financieras", ni facturas por unos 45.000 euros. Tampoco coinciden las deudas que constan con las entidades públicas ni los saldos de cuentas bancarias con los reales. La Fiscalía destaca además la "inexactitud grave" en algunos documentos que se adjuntaron a la solicitud del concurso de acreedores, como el inventario de activos: faltan algunos y en otros se sobredimensiona su valor. También se alude como "conductas reveladoras de la existencia de dolo o culpa grave en la generación o agravación de insolvencia" a las subvenciones que se deben devolver por no presentar justificantes.

Por su parte, desde el gobierno local se asegura que en los próximos días se van a presentar "alegaciones" a la propuesta de declaración de culpabilidad y se defiende que el consejo de administración sí que tomó medidas en cuando supo realmente las circunstancias del ente. De ahí que, en diciembre de 2011, ya se pidiera el pre concurso y se encargará un informe de auditoría a una empresa. En un comunicado, también se defiende que el desfase en la contabilidad se debe, en parte, a la huelga del personal.

El portavoz del gobierno andalucista, José Hurtado, también lamentó este lunes en un comunicado que la Fiscalía "sin aportar más datos que los ya recogidos por la propia administradora concursal en su informe" amplíe las responsabilidades, más allá de los consejeros delegados. Pese a todo, Hurtado dice tener "absoluta confianza en la Justicia y, por supuesto, en la gestión del alcalde, que siempre ha estado dirigida a mantener la viabilidad en Produsa y los puestos de trabajo de toda la plantilla".