La presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, María José Fernández, ha convocado para el próximo viernes 8 de junio un Pleno extraordinario del organismo en el que está previsto que se apruebe el acuerdo de disolución de la entidad. La también alcaldesa lebrijana cumple así con el compromiso de iniciar el proceso, que venía siendo reclamado por la mayoría de los municipios integrantes (cuatro de Cádiz y siete de Sevilla) desde hace meses, para evitar que la deuda siga aumentando y acabar con la agonía del grupo de trabajadores que todavía sigue vinculado al ente, sin cobrar sus nóminas desde hace nueve meses.

Aprobado el acuerdo de disolución y según adelantó hace unas semanas Fernández, debe constituirse una comisión liquidadora, en la que estarán representados los municipios, que determinará qué se debe y en qué proporción esa deuda debe ser asumida por cada uno de los ayuntamientos integrantes. Aunque se había encargado una auditoría, se sabe que el agujero superará de largo los 35 millones de euros.

La mancomunidad, creada en los años 80 bajo el impulso del también alcalde lebrijano Antonio Torres, adquirió grandes dimensiones gracias a los fondos europeos y, sobre todo, de la Consejería de Empleo. Su gestión, sin embargo, se cuestiona desde hace años y un informe de la Cámara de Cuentas alertó del caos contable.

Cuando comenzaron a vislumbrase los problemas, tenía a alrededor de medio millar de personal en plantilla, incluido el alumnado y profesorado de talleres de empleo y casas de oficio, uno de los muchos frentes en los que fue adquiriendo peso. Mucho personal ha encadenado contratos durante años, de forma sucesiva, sujeto a programas. Los ayuntamientos no podrán subrogarlo, aunque asuman la gestión de estas iniciativas. Muchos ex trabajadores han optado por reclamarlo judicialmente. Durante ocho meses tras las elecciones municipales, el organismo no se constituyó formalmente por la resistencia de los alcaldes a asumir el proceso complejo que quedaba por delante.