La ex alcaldesa de Villanueva declaró como imputada por el caso de los ERE

La ex alcaldesa de Villanueva del Río y Minas y actual directora del área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Provincial de Sevilla, María José Cervantes (PSOE), declaró como imputada ante la Guardia Civil el pasado 6 de octubre de 2011, en relación con la investigación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa Aglomerados Morell, donde se detectó la inclusión de dos intrusos.

Los diputados provinciales del PP Eloy Carmona y Virginia Pérez exigieron ayer al presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, el cese de María José Cervantes tras su imputación en la investigación que desarrolla la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

En el último atestado remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la instructora se recoge que la imputación de la ex alcaldesa de Villanueva deriva de las declaraciones de los empresarios Luis Morell Muñoz y Jorge Morell Villete, quienes aseguraron que la ex regidora socialista fue una de las personas que participó en las reuniones con integrantes de IDEA y de la delegación provincial de Trabajo, en las que se "les impuso" el despido de un número de trabajadores -en principio 22- para la posterior contratación de vecinos de Villanueva, "a fin de conseguir un beneficio electoral para la misma".

La investigación de la Guardia Civil concluye que el ex sindicalista y conseguidor de los ERE Juan Lanzas fue quien indicó "los pasos a seguir" con la empresa Aglomerados Morell, para lo cual se mantuvieron varias reuniones con la entonces alcaldesa, con la finalidad de que "ésta consiga un beneficio electoral y actúe como medida de presión para facilitar así la concesión de las subvenciones necesarias" para efectuar el traslado de las instalaciones de la empresa a esta localidad sevillana.

La ex alcaldesa de Villanueva del Río y Minas afirmó en su declaración que pidió a los empresarios de Aglomerados Morell si podían contratar a personas del pueblo, una petición que, según declaró María José Cervantes, "se hace a todas las empresas, pero es simplemente una petición, no una condición".

La ex regidora insistió en que "no impuso nada" por mediar ante las autoridades laborales, en contra de lo que manifestaron los empresarios, y añadió que desconoce por qué realizaron estas declaraciones, dado que hubo "buena sintonía" y las reuniones siempre fueron "afectivas y desde el Ayuntamiento en ningún momento se interfiere en ninguna actuación propia de la dirección de la empresa".

El atestado de la Guardia Civil destaca que, en un primer momento, la ex alcaldesa negó su participación en el traslado de la empresa y cuando se le mostró un documento que acreditaba lo contrario, lo reconoció. La ex alcaldesa también negó que conociera a Juan Lanzas, que fue quien intervino en el traslado de la empresa.

Aglomerados Morell compró unas instalaciones de la empresa Catarivera, propiedad de la familia Ruiz Mateos, quien según los empresarios les aconsejó que contactaran con Juan Lanzas porque a ellos les había dado "buenos resultados" en otras operaciones.