Los ayuntamientos sevillanos podrán solicitar fondos para contratar a personas en riesgo de exclusión

La Diputación de Sevilla ha abierto el plazo para que los 106 ayuntamientos de la provincia puedan inscribirse en dos importantes programas de empleo destinados a la población más vulnerable. Estas iniciativas, gestionadas desde el Área de Cohesión Social e Igualdad, buscan atender situaciones de emergencia social y prevenir la exclusión mediante la creación de empleos temporales, contando con un presupuesto global de 16 millones de euros para su desarrollo.

Según ha informado la Administración provincial a través de un comunicado oficial, los consistorios interesados disponen de plazos diferentes para cada programa. Para el de prevención de la exclusión, pueden presentar sus solicitudes hasta el viernes 11 de octubre, mientras que para el programa de emergencia social, el plazo permanecerá abierto hasta el viernes 18 de octubre de 2025. Ambos proyectos representan una de las principales apuestas de la Diputación para combatir la vulnerabilidad social en la provincia.

Los dos programas tendrán un amplio periodo de ejecución, extendiendo su actividad hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que permitirá a los municipios disponer de suficiente tiempo para implementar las medidas y realizar las contrataciones previstas. La iniciativa responde a la necesidad de ofrecer soluciones laborales temporales a colectivos con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo.

La lucha contra la exclusión social

El primero de los programas lanzados por la Diputación sevillana es el de Gestión Municipal de Emergencia Social, dotado con cinco millones de euros procedentes íntegramente de fondos propios de la institución provincial. Esta iniciativa está específicamente diseñada para atender situaciones de urgencia social, proporcionando cobertura a necesidades básicas de familias y colectivos en situación de vulnerabilidad extrema.

"El programa busca dar respuesta a situaciones excepcionales o extraordinarias que requieren una intervención inmediata", han explicado fuentes de la Diputación. Los ayuntamientos que se adhieran podrán gestionar estos recursos para atender casos críticos identificados por los servicios sociales municipales, ofreciendo contratos temporales que, además de proporcionar ingresos, contribuyen a la dignificación y la inclusión social de las personas beneficiarias.

La distribución de los fondos entre los diferentes municipios se realizará teniendo en cuenta criterios poblacionales y de necesidad social, garantizando que los recursos lleguen de forma equitativa a todo el territorio provincial. Los 106 municipios sevillanos podrán beneficiarse de esta línea de ayudas.

El segundo pilar de esta estrategia es el Programa para la Prevención de la Exclusión Social, al que se destinarán once millones de euros de fondos propios de la Diputación. Esta cantidad se complementará con una cofinanciación por parte del conjunto de entidades locales que asciende a 595.000 euros, lo que eleva la inversión total a más de 11,5 millones.

Este programa constituye una de las líneas estratégicas del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2024-2027, documento marco que establece las políticas sociales de la institución provincial para el actual periodo. Su objetivo fundamental es paliar a través del empleo temporal situaciones de necesidad derivadas de la dificultad persistente de acceso al mercado laboral que experimentan determinados colectivos.

Las contrataciones realizadas en el marco de este programa irán dirigidas a personas que se encuentran en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, proporcionándoles una oportunidad laboral que puede suponer un punto de inflexión en su situación personal y familiar. El programa contempla diferentes perfiles de empleos adaptados a las capacidades de los beneficiarios y a las necesidades de los municipios.

Más allá de su dimensión social, estas iniciativas tienen también un importante componente económico. La inyección de 16 millones de euros en forma de salarios supondrá un estímulo para la economía de muchos municipios, especialmente los de menor tamaño, donde el impacto relativo será mayor.

Las personas contratadas a través de estos programas destinarán sus ingresos principalmente al consumo de bienes y servicios básicos, lo que generará un efecto multiplicador en la economía local. Además, muchos de los trabajos que se realizarán en el marco de estos programas contribuirán a mejorar servicios e infraestructuras municipales, aportando un valor añadido a la comunidad.

Por otra parte, estas experiencias laborales, aunque sean temporales, pueden suponer una mejora en la empleabilidad futura de los beneficiarios, facilitando su posterior incorporación al mercado laboral ordinario. De este modo, el impacto positivo de estos programas podría extenderse más allá de su periodo de ejecución.