Mairena del Aljarafe

El concurso de acreedores del colegio mayor cerrado sigue en punto muerto

  • El juez esgrime ahora que no es un ente mercantil y que debe ser liquidado con otra fórmula. La residencia funcionó hasta 2014 .

El alcalde de Mairena del Aljarafe, el socialista Antonio Conde, asegura que el juzgado de lo mercantil en el que recayó el concurso voluntario de acreedores por el que se optó, en noviembre de 2014, para liquidar el colegio mayor Maese Rodrigo ha rechazado la fórmula, al considerar que no es una entidad mercantil y que el procedimiento debe ser otro. La residencia universitaria funcionó desde mediados de los 90 y hasta el curso 2013/2014 gestionada por una fundación pública sin ánimo de lucro que crearon el Ayuntamiento -propietario de las instalaciones- y la Universidad de Sevilla, pero nunca se adaptó a la ley posterior de fundaciones, lo que, según adujo el PP en el momento del cierre, complicó la toma de decisiones para afrontar su situación.

La decisión de ir al concurso de acreedores se tomó después de que el anterior equipo directivo no lograra el aval del Ayuntamiento para refinanciar deuda. El PP esgrimió que informes técnicos se lo impedían, que supondría incumplir el plan de ajuste y que el colegio siempre funcionó como ente autónomo y que como tal debía afrontar su situación. En desacuerdo con la medida, el equipo directivo que estuvo al frente casi desde su creación renunció y tomó posesión otro director. Finalmente, se optó por ir al concurso de acreedores para liquidarlo.

Según los datos que se aportaron en su día, el centro tenía un activo por bienes y derechos por importe de casi 195.000 euros y una deuda que rozaba los 582.000, sin fuente de ingresos, porque para el curso académico 2014/2015 y dada la situación, no se admitieron solicitudes de nuevos colegiales. Como ocurrió con otros colegios mayores de Sevilla, la demanda ya se había reducido porque padres y alumnos optaron por otro tipo de residencias más económicas, lo que aceleró los problemas.

El nuevo alcalde tiene intención de informar al resto de grupos políticos del Ayuntamiento de la situación, aunque todavía se está recabando documentación y viendo cómo se puede resolver el problema jurídico creado. Pero, al margen de cómo se resuelva, el regidor -que ha sido reelegido para el puesto, después de cuatro años de gobierno del PP- insiste en que su prioridad es que las instalaciones se abran cuanto antes para dar servicio al municipio. Se trata de un antiguo complejo hotelero, con casas de estilo nórdico, que se hizo para la Expo 92 y que el Consistorio compró por seis millones de euros, entonces mil millones de pesetas, al Estado. Está ubicado muy cerca de Ciudad Expo y el Metro y con buenas instalaciones deportivas.

De momento, Conde quiere que, de forma inmediata, las instalaciones vuelvan a acoger el Aula de la Experiencia, que se trasladó a la Hacienda Porzuna. En cuanto al resto y aunque descartando ya que vuelva a ser colegio mayor, la intención es que se mantenga el vínculo con la Hispalense e, incluso, con la Universidad Pablo de Olavide. Ya ayer mantuvo una reunión con el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, para trasladarle esa intención.

Teniendo en cuenta que Mairena es "la población que tiene, de promedio, más universitarios de las dos universidades de sevillanas", su idea es que la "vinculación con estas instituciones sea permanente", afirma.

En este sentido, Conde avanza que, aunque quieren trabajar sobre un "proyecto serio", su idea es que sirva para alojar proyectos de emprendedores o investigadores relacionados con las universidades sevillanas. "Que trajera una actividad, un vínculo con los universitarios, con la investigación, que sirva para dar oportunidades a los universitarios y para alojar sus proyectos", insiste.

"La decisión de ir al concurso de acreedores no fue valorada en sus justos términos, posiblemente el asesoramiento jurídico y técnico que hubo no fue el más acertado", asevera el edil, al que le preocupan los costes de todo el proceso y la situación en las que quedaron las siete personas "en una edad difícil, a las que se despidió y que están esperando la prestación y un juicio laboral".

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