El ex alcalde condenado por malversación podría concurrir a las elecciones locales

Julio Álvarez González, el ex alcalde de La Puebla del Río que fue condenado en firme en 2011 a un año y medio de cárcel y seis meses de inhabilitación para ocupar un cargo público por un delito de malversación relacionado con el uso para fines personales de un móvil del Ayuntamiento, podría volver a entrar en la escena política del municipio una vez que ha cumplido con la justicia.

El que fuera regidor socialista durante doce años ha anunciado al menos a sus vecinos la intención de concurrir a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo con una agrupación de electores, que denomina Agrupación Socialista Cigarrera y hace tiempo ya que, según ha podido confirmar este diario, reunió incluso las 500 firmas acreditadas, los avales que necesita legalmente en función de la población de La Puebla para inscribirla.

A pesar de que todo a punta a diferencias con el PSOE, fuentes de la agrupación local socialista lo descartaron ayer. Explicaron que Álvarez dejó de ser militante incluso antes de la sentencia y de dejar la Alcaldía en 2011. Cuando estaba todavía pendiente de un recurso ante el TSJA, accedió a no ser ya el candidato por el PSOE, un puesto en el que le relevó su teniente de alcalde y hoy regidor Manuel Bejarano y desde entonces no ha participado en asambleas o actos del partido.

Las mismas fuentes de la dirección socialista negaron que Álvarez haya intentado, cumplida su condena, incorporarse de alguna forma a las listas. No ha habido contactos, insisten, aunque recuerdan que el PSOE de Susana Díaz "no acepta a ningún condenado" entre sus candidatos y ese supuesto tampoco habría sido posible de otra forma.

El PSOE también minimiza el impacto que, de confirmarse la candidatura a las elecciones del que es también hijo del primer de La Puebla tras la dictadura, pudiera causar en sus resultados electores. "El gobierno local ha hecho un buen trabajo, transparente de cara a la ciudadanía", insistó el mismo portavoz.

Julio Álvarez fue condenado en 2011 a tres años de prisión y seis meses de inhabilitación por haber gastado más de 6.000 euros en llamadas telefónicas con el móvil que se le asignó en el Ayuntamiento a una misma mujer, en pocos meses, entre septiembre de 1999 y 2001, aunque él siempre defendió que las llamadas las hizo dentro de su trabajo como regidor, para "ayudar a una vecina". El TSJA, más tarde, rebajó la pena de cárcel de tres a un año y medio, lo que evitó su entrada en prisión. Aplicó la atenuante de dilaciones en la administración de la Justicia, ya que el caso fue denunciado por IU y un grupo independiente en 2002 y no se resolvió hasta nueve años después.