El gobierno local estudia cómo evitar los impagos en las VPO de alquiler

El alcalde de Mairena del Aljarafe, Ricardo Tarno (PP), como presidente de la Sociedad de Desarrollo y Fomento del Empleo (Sodefesa), ha dado un mes de plazo para que los Servicios Sociales estudien todavía más al detalle la situación de media docena de familias que viven, pero que no pagan desde hace meses, en las 44 Viviendas de Protección Oficial de alquiler con opción a compra de la Avenida de las Civilizaciones. Así se acordó ayer en un consejo de administración en el que los técnicos de Sodefesa, en la que están representados también los empresarios, habían propuesto iniciar los trámites para desahuciarlas y establecer un protocolo para casos similares. Aunque finalmente nada se votó en ese sentido, el PSOE anunció su rotundo rechazo a que se inicien medidas de ese tipo y que afectan a "ciudadanos sin recursos", destacó en un comunicado.

Fuentes del gobierno local incidieron que el caso es bastante más complejo, en tanto que se tiene constancia de casos en los que verdaderamente hay un problema social y económico grave en las familias que les impide hacer frente a los pagos, pero que podría haber otros en los que los inquilinos no están en esas circunstancias y que, aprovechando el debate abierto en torno a los desahucios, habrían dejado de pagar.

Ello está ocasionando ya un problema a Sodefesa y una deuda de más de 56.000 euros, destacan. La sociedad, como propietaria, tiene que seguir haciendo frente a los pagos de las hipotecas y los impuestos. También se habrían producido impagos en las cuotas de la comunidad, lo que estaría causando la acumulación de recibos de luz y problemas de mantenimiento que afectan ya, por ejemplo, a los ascensores. Los responsables de Sodefesa habrían alertado también del riesgo de contagio a otros arrendatarios, si no se toman medidas, y un agravio con los que pagan o se han ido porque no puede hacerlo.

Pese a las críticas, la denuncia y la advertencia del PSOE de que se opondrá de forma férrea a cualquier decisión que implique el desahucio de un inquilino de una VPO, fuentes municipales insistieron en el alcalde ha pedido que se evalúe al detalle los casos y recuerda que Mairena tiene abierta una oficina de asesoramiento frente a los desahucios desde hace un año y que ha evitado varios lanzamientos.

Al margen de esos seis casos que se dejaron sobre la mesa ayer, los impagos se habrían producido con otros cinco adjudicatarios de estas viviendas, que forma parte de una promoción mayor, con 109 VPO. No obstante, éstos habrían entregado voluntariamente las llaves por no poder hacer frente a los pagos, que son de 400 euros al mes.