La ocupación de la urbanización se resuelve de forma pacífica

Esta vez no hubo dilaciones. Tan sólo unas horas después de la denuncia que interpuso la entidad bancaria que es la principal propietaria de las 50 casas ocupadas desde el lunes en Almensilla, un juzgado de Coria emitió la orden de desalojo y ésta se ejecutó ayer mismo contra las familias que, echando la puerta abajo, entraron en las viviendas, que estaban vacías desde que se terminó la obra hace más de tres años. Desde primeras horas de la mañana de ayer, un impresionante dispositivo de la Guardia Civil se desplegó en la urbanización La Atarazana y su entorno, ante el temor de unos incidentes que no se produjeron.

A las nueve, se notificó a los okupas la orden, que tenían que irse y que lo mejor era que no opusieran resistencia. La práctica totalidad cargaron sus enseres y se marcharon en pocas horas. A mediodía sólo quedaban varias familias con problemas en la furgoneta en la que, explicaron, iban a trasladarse de nuevo a los bajos del puente de San Juan -término municipal de Sevilla, por cierto- desde donde se mudaron a principios de julio, en su caso.

Culmina así un incidente que por el volumen de personas que ha movilizado -varios cientos que, en su mayoría, llegaron de golpe ante el desconcierto vecinal y de las autoridades locales- ha provocado una honda preocupación y "alarma social", según admitían desde el Ayuntamiento, de 6.000 habitantes y que gobierna IU. Muchos vecinos se desplazaron al juzgado de Coria, aunque el juez que debía dar la orden de desalojo se negó a recibirles. Pero no es el único caso de ocupación de viviendas que se ha dado en el Aljarafe este verano- hay un bloque de pisos en San Juan, otro en Camas y ha habido intentos en Bormujos-, en un fenómeno favorecido por las decenas de urbanizaciones y construcciones fantasma que la crisis ha dejado salpicadas por la comarca.

Los vecinos de este barrio de Almensilla, junto a la carretera de Bollullos, se mostraban ayer aliviados al dar su testimonio. Desde que la madrugada del martes entraron "a saco" -decían- en 15 ó 20 casas, han pasado las noches en blanco, impotentes ante lo que presenciaban, por los ruidos de puertas que se echaban abajo a golpe de machete, vehículos que aparcaban cargados de enseres y desencuentros entre los que llegaban. Las dos últimas noches han estado sin luz en la calle, al parecer, por el intento de engancharse al alumbrado público. Entre las personas que llegaron en esta oleada -denuncian- ha habido quien ha llegado a amenazar a vecinos o vigilantes. Otros residentes tenían mejores palabras para las familias que ocuparon las primeras ocho casas en julio, de las últimas en irse ayer. Todas ellas son familia -hermanos, primos- de Francisco Cuevas que con sus tres hijos de 4, 12, 16 años y su mujer entró en un adosado de la calle Córdoba. "Éstos no han dado problemas, nos han regalado fruta, se han ofrecido a lo que hiciera falta. Les hemos ayudado dándoles agua o metiéndole comida en el congelador", admitía una vecina. Francisco, por su parte, insistía en que no tenía nada que ver con las nuevas familias que fueron llegando y que no tienen dónde ir ahora.

"Nos vinimos de Salamanca hace diez meses. La cosa estaba muy mal. Aquí nos fue fenomenal vendiendo la fruta". Vieron las casas cuando iban vendiendo y decidieron entrar. En estos dos meses escasos han tenido visitas de la asistenta social del Ayuntamiento que, según Cuevas, estaba tramitando la escolarización de los niños. "Estamos dispuestos a pagar, 150, 180 euros al mes y se lo hemos dicho al banco". Desde el Consistorio matizan sus palabras: sí que hubo una visita "protocolaria" de la que se dio traslado a los servicios sociales de la Junta y de la Diputación porque había menores, pero el Ayuntamiento no tiene medios para afrontar algo así, con personas que además no están empadronadas y en una situación que se entiende temporal.

En la calle de atrás, Felisa Jiménez y su hija Fabiola esperaban con mesas, sillas, colchones enrollados a que las recogieran. Ésta tenía a su hija, de doce días, en brazos. Su primer hogar ha sido esa casa ocupada. También proceden de Salamanca, han pasado por las Tres Mil Viviendas -se fueron porque había "mucha droga", decía Felisa-. "Estuvimos dos meses en el puente, hasta que no pudimos con el calor". Ayer tocaba volver. "Sabemos que no es nuestro, pero esto estaba sucio, lleno de matojos y de bichos. Lo hemos limpiado y estamos dispuestos a pagar cien euritos. Pero nos piden avales, nómina y no tenemos", relataban, "peor es que se robe todo esto", señalando la verja de hierro que franquea el patio delantero. Se ganan la vida en los mercadillos, en la recogida de melocotones, la fresa, la chatarra, hacen rifas, venden pañuelos o papel higiénico por casas. "¿Tú nos puedes ayudar?, preguntaban".

Mientras , una empresa de cerrajería había comenzado a cambiar, una a una, las cerraduras en las puertas de las casas, todas abiertas de par en par pero con un numeroso grupo de vigilantes privados dando vueltas. "Atención: viviendas dotadas con un sistema de alta seguridad con grabación de imágenes", podía leerse en un cartel de fondo rojo en una fachada. Los inmuebles afectados son todos los de la segunda fase de la Atarazana y algunos de la primera, contiguos a casas vendidas y en las que viven las familias que las adquirieron, que intentaban volver a la normalidad. El principal propietario es un banco, que se quedó con las casas en el concurso de acreedores de la promotora, aunque se vieron afectados particulares y pequeños proveedores que se cobraron con una de estas viviendas su deuda.