Pablo Martín y Ricardo Díaz, los nuevos consejeros del Betis

La Junta General de accionistas del Betis también dejó la incorporación de dos nuevos consejeros, Pablo Martín Pelegrín y Ricardo Díaz Andrés, que ocupan los lugares de Ramón Alarcón y María Victoria López, los dos remunerados que abandonan el consejo.

Pablo Martín fue propuesto por la alternativa Es posible otro Betis, que se acogió a la representación proporcional para incluirlo como consejero, lo que no sentó demasiado bien al actual órgano de administración, que tuvo que acatarlo por imperativo legal.

Martín es Licenciado en Técnicas e Investigación de Mercado y Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Sevilla. Además, es Asesor Financiero con certificación europea EFPA y Máster en programación Oracle con especialización en modelización de cálculo matemático. Inició su desarrollo profesional en 1996, en Prefabricados Bonanza, como responsable de contratación y logística. Posteriormente, fue director de subcontratación de TADA SA, cargó que desempeñó de manera simultánea a la gerencia de la mercantil EYO SL. Desde 2004 hasta 2013 desarrolló su carrera en la banca -Cajasur y Bankia-. Actualmente es socio de EFC Group, sociedad dedicada al asesoramiento financiero a empresas y es miembro del consejo de administración de varias empresas.

Ricardo Díaz, por su parte, fue propuesto por el consejo de administración y su nombramiento recibió el apoyo de 47.787 acciones -12.278 en contra y 7.815 abstenciones-. Es diplomado en Derecho por la Universidad de Sevilla y posee un máster en Gestión de Administraciones Locales por la US. Además, fue jefe de departamento del OPAEF de la Diputación de Sevilla. Además, en su currículum como bético, Ricardo Díaz Andrés presume de tener el número 276 de abonado. Es accionista, miembro de la Agrupación de Béticos Veteranos y socio de la Peña Bética Campeón 1935. Además, presidió la Fundación Heliópolis. Díaz también es uno de los 17 accionistas del Betis que denunciaron a Manuel Ruiz de Lopera por la apropiación indebida del 31,38% de acciones del Real Betis que se le discutió al exmáximo accionista en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla.