Alaya exige 33 millones de fianza a Torrijos y a otros 9 acusados

Traca final en la causa de la venta "fraudulenta" de los suelos de Mercasevilla. Casi cinco años después de que se iniciara la investigación, la juez Mercedes Alaya ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra diez personas, entre las que se encuentran el ex portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y el ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño.

El auto de la magistrada sienta en el banquillo además al ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet; al ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo; al ex asesor jurídico de la lonja, el abogado Jorge Piñero; al presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; al vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano; al ex vicepresidente del área inmobiliaria de Sando, José Luis Miró Morales; a la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo, María Victoria Bustamante; y al economista José Antonio Ripollés.

A todos estos acusados se atribuyen delitos de fraude y exacciones ilegales y de prevaricación y la juez les ha requerido para que en el plazo de un día presten de manera solidaria una fianza por importe de 33.250.000 euros. Esta cantidad se corresponde con la fianza de responsabilidad civil de 25 millones -más el tercio legal correspondiente-, en la que se fijaba la pérdida para Mercasevilla por el deterioro del valor del inmueble "atendidas las circunstancias adversas del mercado actual, radicalmente diferentes a las del año 2006, fecha del contrato de opción de compra". Esta cantidad, explica Alaya, resulta de la diferencia entre el precio más alto de los ofrecidos por los licitadores que concurrieron al concurso para hacerse con la totalidad de los terrenos de Mercasevilla y el ofrecido por la constructora Sanma, filial del grupo Sando y que fue finalmente la adjudicataria del concurso.

La Asociación de mayoristas de frutas, verduras y hortalizas de Mercasevilla había solicitado un indemnización de 25 millones, de la que hacía responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Sevilla, pero la juez ha decidido que no procede declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Sevilla, "al no ser el mismo el único socio de Mercasevilla".

En el auto, que tiene fecha del pasado 12 de marzo pero que ha sido notificado ahora, Alaya destaca que el delito de fraude y exacciones ilegales se habría cometido al "haber existido con motivo del concurso público sobre la opción de compra de los terrenos, un concierto previo" ente los cargos públicos, técnicos y empresarios "con el fin de que el citado concurso fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria".

En cuanto al delito de prevaricación, la magistrada señala que se habría cometido porque "a sabiendas los citados cargos públicos, técnicos y empresarios, se concertaron para actuar al margen del ordenamiento jurídico, tanto por lo que se refiere a la preparación presuntamente ilícita del concurso público". La instructora añade que esa preparación se produce presuntamente desde la elaboración del pliego del concurso, "con la ideación de las cláusulas más controvertidas y que éstas no aparecieran en la reunión de la Comisión Ejecutiva del 8 de noviembre de 2005 (donde el pliego se explica con detalle), como en la valoración favorable a la entidad Sanma, resultando indiciariamente que la mayor parte de las licitadoras realizaron ofertas de relleno y autoexcluyentes". Y todo ello hasta concluir con la adjudicación del concurso "de manera fraudulenta a favor de dicha entidad".

Alaya considera que además procede abrir juicio oral por un tercer delito, en este caso un delito societario, contra Fernando Mellet, Antonio Rodrigo Torrijos, Gonzalo Crespo, Domingo Enrique Castaño y los empresarios José Luis Sánchez Domínguez y Luis Sánchez Manzano, estos últimos como cooperadores necesarios en su condición de extraneus. Dice Alaya que los anteriores cargos públicos, que integraban el órgano de administración de Mercasevilla, "con abuso de las funciones propias de su cargo, dispondrían fraudulentamente de los bienes de la sociedad en perjuicio de ésta, a través de una modalidad de contratación en la que no se valoraba el mayor beneficio económico para la entidad", sostiene el auto.

La juez ha abierto juicio oral contra estos diez acusados, pero ha exculpado a otros cinco, entre ellos los ex gerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, así como a la subjefa de Licencias Urbanísticas Emilia Barrial Chamizo, a la ex jefa de Licencias María Isabel Evans y al arquitecto Alberto Balbontín Abad, aunque en la parte dispositiva del auto se ha deslizado un error de la magistrada al no incluir a Marchena.

En la resolución, Alaya acuerda además tener por desistido del procedimiento a la acusación particular que ejerce el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, después de que no presentara escrito de acusación en el plazo concedido, por lo que la instructora tiene ahora por "desistida" del procedimiento a esta parte.

El juicio contra los diez acusados por la venta fraudulenta de los suelos se celebrará en un juzgado de lo Penal, en atención a la pena señalada para los delitos enjuiciados y que es inferior a los cinco años de cárcel. Contra el auto de apertura de juicio oral dictado por Alaya no cabe recurso alguno.

De hecho, la Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de dos años de cárcel para los diez acusados y, en el caso de Antonio Rodrigo Torrijos y de Domingo Enrique Castaño ha reclamado además una condena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, dado que el Ministerio Público sitúa a ambos ex cargos políticos en el eje del diseño de una trama para adjudicar a la constructora Sanma el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla.