El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Disciplina Ambiental, ha decretado la clausura de la terraza Puerto de Cuba, situada en la Calle Betis a orillas del Río Guadalquivir por carecer de licencia y ha iniciado un procedimiento sancionador en el que se propone una multa por importe de 4.001 euros a la sociedad que la gestiona, Puerto de Cuba en Liébana.

La decisión del Consistorio hispalense se basa en las graves irregularidades que estaban cometiendo los responsables de dicho establecimiento, destacando entre todas ellas que opera sin licencia de apertura ni licencia de actividad.

El documento elaborado por la Dirección de Medio Ambiente, Parques y Jardines, asegura textualmente que “la Terraza Puerto de Cuba carece de legalización alguna para ejercer la actividad” y añade que infringe el artículo 20,1 Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía (Lepara).

Asimismo, advierte de que, en caso de incumplimiento y de no realizar la clausura de forma voluntaria, la Policía Local “procederá a su ejecución forzosa mediante el precinto correspondiente”.

La terraza reabrió sus puertas el pasado 8 de abril pese a que ya se encontraba clausurada desde 2017 por la propia Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento, según se recoge en resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 31 de octubre de ese año (número 264).

Puerto de Cuba no ha recibido "ninguna notificación"

Por su parte, Puerto de Cuba ha señalado que "no ha recibido ninguna notificación previa" sobre el expediente y, por tanto, "eventual resolución del Ayuntamiento no podría ser más que el inicio de un procedimiento sancionador, pero nunca una sanción firme".

La empres reitera que explora la terraza Puerto de Cuba desde 2005 y que fue "despojada violentamente de la posesión de la misma en octubre de 2017 y ha logrado que tanto la antigua propietaria de Río Grande como la nueva propietaria hayan resultado judicialmente condenadas a devolver esa posesión, lo que se negaron a llevar a cabo pacífica y voluntariamente, obligado con ello a que, vergonzosa y lamentablemente, la devolución se hubiese de producir de manera forzosa, con intervención judicial, mediante rotura de candados y cerraduras y ante la presencia de las fuerzas de orden público".

Desde entonces, "los nuevos propietarios de Río Grande no hacen más que obstaculizar la pacífica posesión de las instalaciones que legítimamente titula Puerto de Cuba en Liébana, hasta el punto de que, como consecuencia de ello, se encuentran actualmente inmersos en procesos penales por coacciones y desobediencia judicial", asegura la empresa en un comunicado.