Penas de hasta 12 años de cárcel para el máximo responsable de Magrudis y 10 para la veterinaria municipal de Sevilla por el caso de la carne mechá afectada por la listeriosis. Facua ha presentado al Juzgado de Instrucción Número 10 de Sevilla el escrito de acusación contra Magrudis, S.L; Elaborados Cárnicos Mario, S.L; Sandro José Marín Rodríguez; Jose Antonio Marín Ponce; Mario Marín Rodríguez; Encarnación Rodríguez JiménezM Sergio L.G; María José O.B; y David M.M. para la apertura de juicio oral después de que la juez les haya procesado por un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, seis delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 244 delitos de lesiones por imprudencia grave, declarando responsables civiles al Ayuntamiento de Sevilla y a la Compañía de Seguros AXA.

En concreto, Facua, que ejerce una de las acusaciones particulares, pide para José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis, una pena de 9 años de prisión y 13 años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano, así como de inspección y supervisión de establecimientos destinados a tal fin; así como imponerle una pena de 3 años de prisión y 12 meses de multa a razón de 15 euros al día, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, 390.1-1º y 392.1 del Código Penal.

Para Sandro José Marín Rodríguez, hijo del administrador, Facua pide una pena de 8 años y un día de prisión y 10 años y un día meses de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano, así como de inspección ysupervisión de establecimientos destinados a tal fin. Además, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, 390.1-1º y 392.1 del Código Penal, corresponde imponerle al acusado una pena de 2 años de prisión y 8 meses de multa a razón de 15 euros al día.

Para Mario Marín Rodríguez, el otro hijo del dueño, pide una pena de 6 años y un día de prisión y 9 años y un día meses de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano, así como de inspección y supervisión de establecimientos destinados a tal fin, todo ello en atención a la elevación en dos grados de la pena establecido en el artículo 142 bis del Código Penal.

Para la mujer del administrador, Encarnación Rodríguez Jiménez, Facua solicita imponerle a la acusada una pena de 6 años y un día de prisión y 9 años y un día meses de inhabilitación especial para el ejercicio deprofesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano, así como de inspección y supervisión de establecimientos destinados a tal fin, todo ello en atención a la elevación en dos grados de la pena establecido en el artículo 142 bis del Código Penal.

En cuanto a María José O.B, veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla, considera Facua que correspondeimponerle a la acusada una pena de 6 años y un día de prisión y 9 años y un día meses de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano, así como de inspección y supervisión de establecimientos destinados a tal fin, todo ello en atención a la elevación en dos grados de la pena establecido en el artículo 142 bis del Código Penal. Además, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 390.1-1º delCódigo Penal corresponde imponerle una pena de 4 años de prisión, una pena de 10 meses de multa a razón de 15€ el día y una pena de 4 años y seis meses de inhabilitación especial en el ejercicio de sus funciones como autoridad o funcionario público.

Facua representa a 79 afectados en una causa en la que constan un total de 254 víctimas: cuatro fallecidos, seis abortos y 244 lesionados.

La asociación considera de especial relevancia que, en contra de lo que planteó en su día la Fiscalía, la instructora haya tenido en cuenta las argumentaciones que plantearon de forma conjunta todas las acusaciones e incluya entre los encausados a la veterinaria municipal que cometió las irregularidades en las inspecciones a Magrudis. Esto abre la vía para que, en caso de ser condenada, el Ayuntamiento de Sevilla indemnice a los afectados.

La investigación ha puesto de manifiesto que los responsables de Magrudis y sus dos sociedades no tienen bienes suficientes para responder de la totalidad de las indemnizaciones que serán reclamadas.