La Fiscalía imputa cohecho a Rivas y a los directivos de Mercasevilla

La sorpresa la dio, en esta ocasión, la Fiscalía. Contra todo pronóstico inicial, el Ministerio Público imputó ayer formalmente un delito de cohecho al delegado de Empleo, Antonio Rivas, por su presunta implicación en el cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla, a pesar de que el único indicio que hay contra él es la declaración del ex director del mercado central, Fernando Mellet, que no ha sido ratificada ante la autoridad judicial y que al tratarse del testimonio de un coimputado la jurisprudencia descarta como prueba de cargo cuando no ha sido "mínimamente corroborada" por otras pruebas.

El fiscal también imputó el mismo delito a los otros tres implicados: el ex director general, Fernando Mellet, el ex subdirector general, Daniel Ponce, y la directora de proyectos de la Fundación Mercasevilla, Regla Pereira.

El relato de los hechos que la Fiscalía planteó ayer en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el transcurso de la vista que prevé la ley del jurado, acusa a Antonio Rivas de haber actuado "en connivencia" con Fernando Mellet para exigir a los hosteleros de La Raza 300.000 euros a cambio de concederles la explotación de la escuela de hostelería que se iba a crear en la Fundación Mercasevilla y que ya había recibido una subvención por la Junta con 900.000 euros. El fiscal hace hincapié en otro aspecto importante y novedoso hasta este punto de la instrucción, porque el Ministerio Público sostiene que ambos imputados actuaron "con el ánimo de obtener un ilícito beneficio propio", que los otros implicados -Daniel Ponce y Regla Pereira- "accedieron a colaborar con ellos" y que cuando trasladaron la exigencia de la comisión a los empresarios, "siguiendo el plan preconcebido por los cuatro imputados y para reforzar su petición", alegaron que el dinero era una "contribución a la Junta de Andalucía".

Las acusaciones que ejercen el Partido Popular, el Partido Andalucista y la Fundación Mercasevilla, también solicitaron la continuación del procedimiento contra los cuatro imputados, aunque el abogado de la Fundación, Alfonso Martínez del Hoyo, advirtió que si no surgen nuevos elementos, con indicios suficientemente sólidos, llegado el momento procesal oportuno -cuando haya que presentar los escritos de acusación-, no presentará cargos ni contra Antonio Rivas ni Regla Pereira. El letrado insistió en que las instrucciones que ha recibido de la Fundación son las de plantear una acusación penal "con rigor y seriedad ante todo", por lo que no van a acusar a nadie sin pruebas suficientes. Mientras tanto, la Fundación se adhirió a la postura del fiscal, aunque considera que la declaración de Mellet respecto a que se exigió la comisión de 300.000 euros siguiendo las instrucciones de Rivas "no aparece en principio apoyada en prueba de otro carácter y ni siquiera ha sido periféricamente adverada de manera mínimamente sólida".

La postura más claramente favorable al delegado de Empleo fue la que adoptó el letrado Ángel Prados, que ejerce la acción popular en representación del PSOE. Esta acusación no imputó ningún delito ni a Antonio Rivas ni a la trabajadora del mercado central Regla Pereira, al entender que la imputación a ambos no es "verosímil" y, en el caso del delegado de Empleo, resulta hasta un "verdadero sarcasmo". El abogado explicó que, aunque este caso sea un proceso al que definió como "mediático", no puede sostenerse la imputación contra Rivas basándola única y exclusivamente en el testimonio de otro coimputado. Por ello, considera que sólo Mellet y Ponce son presuntos responsables del intento de cobro de comisiones a los hosteleros de La Raza, aunque precisa que no habrían cometido un delito de cohecho -según el letrado porque no tienen la condición de funcionario público- sino una estafa cualificada, que podría llevar aparejada una pena de hasta seis años de cárcel.

La acusación del Partido Popular, que presentó la primera denuncia en los juzgados por el caso Mercasevilla, fue la que planteó un mayor abanico de delitos contra los cuatro imputados. El abogado Luis García Navarro imputó hasta cuatro delitos a Antonio Rivas -cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y prevaricación-, a Fernando Mellet no le imputó prevaricación, y a Daniel Ponce y Regla Pereira les atribuye sólo el presunto cohecho.

El Partido Popular difiere en parte del relato de hechos de la Fiscalía porque, según esta acusación, antes de la exigencia de una "recompensa" por la concesión de la ayuda para la escuela, la propia subvención se resolvió "de manera arbitraria y de antemano" para pedir la posterior contraprestación económica. Por ello, el PP pide que se amplíe la imputación a varios altos cargos de la Consejería de Empleo relacionados con la concesión de la subvención e incluso al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, a quien el PP pretende imputar un delito de encubrimiento.

El Partido Andalucista también imputó cohecho a los cuatro imputados, y la juez suspendió la vista antes de que se solicitaran nuevas pruebas para resolver los recursos pendientes antes de continuar la causa ante el jurado.