La Fiscalía de Sevilla no advierte motivos para que la juez Mercedes Alaya impute al ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín en la causa en la que se investigan delitos societarios en la gestión de la empresa pública Mercasevilla, después de que el auditor José Ignacio Alonso Rivero solicitara la imputación del ex alcalde y del resto del consejo de administración porque se le permitió hacer su informe "a sabiendas de que le ocultaban información relevante".

Fuentes del Ministerio Público han explicado este miércoles que no aprecian motivos para implicar en los hechos al ex regidor municipal porque Monteseirín no es responsable de las supuestas irregularidades y de los delitos societarios que se investigan en esta causa. Así, las mismas fuentes señalaron que la supuesta ocultación al auditor de Mercasevilla que el director general, Fernando Mellet, estaba siendo investigado por el intento de cobro de comisiones a los empresarios de La Raza no se enmarcaría dentro del objeto de la investigación: los delitos societarios cometidos en relación con las cuentas de la entidad.

La juez Mercedes Alaya aún no se ha pronunciado sobre la petición del auditor de Mercasevilla José Ignacio Alonso Rivero, quien insistió en septiembre pasado, cuando declaró ante la instructora, en que se impute al ex alcalde y a los otros miembros que formaban el consejo de administración en 2009. 

Con anterioridad, el auditor de Pricewaterhousecoopers (Pwc) presentó un escrito a la juez en el que solicitaba el archivo de la causa contra él -al estimar que no es responsable de delitos de malversación ni de falsedad en las cuentas anuales- y también la declaración "en la condición que procesalmente proceda" de la totalidad de los integrantes del consejo de administración que asistió a la sesión del 17 de febrero de 2009, donde se formularon y firmaron las cuentas anuales y tras la misma se aceptó el cese del director general, Fernando Mellet, "por razones personales", según refleja el acta de aquella sesión. En el acta se incluyeron comentarios de que el motivo era voluntario, "resultado de enfermedades familiares varias". Según el auditor, fue "engañado" de forma "consciente y deliberada" a la hora de realizar su informe auditor y se evitó de esta forma que los accionistas "conocieran la verdadera situación de la compañía". 

José Ignacio Alonso Rivero compareció de nuevo ante la instructora en septiembre pasado para ampliar su declaración, antes de que la juez se pronunciara sobre su petición de archivo, un sobreseimiento que ha sido apoyado por la propia Fiscalía. 

El auditor reiteró en esta comparecencia que las manifestaciones sobre el cese de Mellet son falsas, por cuanto Mellet fue realmente destituido al conocer el consejo de administración que estaba siendo ya investigado por delito de cohecho por la Fiscalía de Sevilla. Ese mismo día, el presidente del Consejo y entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el consejero delegado, el concejal Alfonso Mir del Castillo, firmaron la denominada Carta de Manifestaciones a los auditores indicando, entre otras cuestiones, que desde la fecha de cierre de la cuentas anuales hasta la fecha de esta carta, "no ha ocurrido ningún hecho ni se ha puesto de manifiesto ningún hecho o información que pudiera afectar significativamente a dichas cuentas anuales y que no esté reflejado en las mismas". 

El auditor le dijo a la juez que "nadie les dijo ni en esa fecha ni hasta la emisión de su informe, los motivos reales por los que fue cesado el director gerente de la empresa" y añadió que "básicamente la información que da lugar al cese son unas grabaciones de sobra conocidas en las que se pedían unas comisiones por parte de Mercasevilla -en alusión al caso del intento de cobro de una comisión de 450.000 euros a los empresarios de La Raza por el que ha sido condenado Mellet-, pero también había comisiones sobre los ERE de Mercasevilla". 

Ese hecho hace, según el auditor, que "el escenario cambie radicalmente" y lo primero que debían haber hecho es comunicárselo a él y abrir un "procedimiento forense antes de iniciar las cuentas anuales para ver si hay o no un impacto en las cuentas", puesto que la Carta de Manifestaciones es "la prueba de la buena fe que hay con el auditor". La empresa, continuó el imputado, debía iniciar ese procedimiento "para poner patas arriba la sociedad en relación a las cuentas anuales". Argumenta el auditor que si los administradores le informan de que, por ejemplo, en las escuchas hay referencias a las comisiones en los ERE "a partir de ahí las puede haber en otros temas". 

Por ello, José Ignacio Alonso Rivero calificó de "indignante" que aunque fueron invitados al consejo de administración del 17 de febrero de 2009, "ningún administrador del Partido Socialista, ni Partido Popular, ni Mercasa, ni nadie les dijo nada de los motivos del cese, y tuvieron que enterarse al igual que el resto de los ciudadanos", por la Prensa. 

Si en la Carta de Manifestaciones le hubieran puesto de manifiesto la "realidad de la sociedad, hubiese realizado en su informe de auditoría salvedades y el resultado hubiera sido completamente diferente" y se habría llevado a cabo un procedimiento forense. El imputado concluyó que la Carta "contribuyó enormemente al engaño del equipo de auditoría que representaba" y tildó de "lamentable" que la junta de accionistas aprobara el 1 de abril las cuentas "dejando que el auditor anteriormente presentara su informe sin ponerle en su conocimiento lo ocurrido". 

Con respecto al procedimiento o trabajo forense que hubiese requerido del consejo de administración, el imputado afirmó que se trataría de un informe como el que posteriormente hizo Deloitte, con un análisis "factura a factura, archivos enteros, no sólo de contabilidad a archivo sino de archivo a contabilidad, de matrices de talonarios de cheques a contabilidad, de registro de contratos a contabilidad", etcétera. Además, el auditor no dudó al asegurar que si hubiera visto que no se tomaban todas las medidas porque ese informe forense fuese "light", habría tenido que presentar "la correspondiente denuncia".