El auditor de Mercasevilla José Ignacio Alonso Rivero ha pedido a la juez Alaya, que investiga delitos societarios en relación con la gestión de Mercasevilla, que impute al ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y al resto de los miembros que formaban parte del consejo de administración en el año 2009, por haberle "engañado" de forma "consciente y deliberada" a la hora de realizar su informe auditor y evitar de esta forma que los accionistas "conocieran la verdadera situación de la compañía".

En un escrito presentado en el juzgado por la defensa del auditor de Pricewaterhousecoopers (Pwc) solicita el archivo de la causa contra él -al estimar que no es responsable de delitos de malversación  ni de falsedad en las cuentas anuales- y pide la declaración "en la condición que procesalmente proceda" de la totalidad de los integrantes del consejo de administración que asistió a la sesión del 17 de febrero de 2009, donde se formularon y firmaron las cuentas anuales y tras la misma se aceptó el cese del director general, Fernando Mellet, "por razones personales", según refleja el acta de aquella sesión.

El auditor considera que esas manifestaciones son falsas, por cuanto Mellet fue "realmente cesado al conocer el consejo de administración que estaba siendo ya investigado por delito de cohecho por la Fiscalía de Sevilla". Ese mismo día, el presidente del Consejo y entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el consejero delegado, el concejal Alfonso Mir del Castillo, firmaron la denominada "Carta de Manifestaciones" a los auditores indicando, entre otras cuestiones, que desde la fecha de cierre de la cuentas anuales hasta la fecha de esta carta, "no ha ocurrido ningún hecho ni se ha puesto de manifiesto ningún hecho o información que pudiera afectar significativamente a dichas cuentas anuales y que no esté reflejado en las mismas".

Dice el auditor, uno de los últimos imputados en la causa por Alaya, que el 31 de marzo Monteseirín y Mir firmaron una "actualización de la Carta de Manifestaciones" en la que no se reflejó ninguna novedad y al día siguiente, 1 de abril, la Junta General de Accionistas aprobó las cuentas sobre una información "inveraz e incompleta y ese mismo día estalló el escándalo Mercasevilla en la prensa local sevillana. ¡Qué casualidad!", advierte el escrito.

El auditor señala que en la sesión del 17 de febrero no estuvo presente la firma auditora en el momento en que Mellet presentó los resultados de la empresa ni en el momento en que el consejo debatió su cese, algo que atribuye a que "dado el conocimiento previo de los presuntos hechos delictivos -en alusión al caso del intento de cobro de una comisión de 450.000 euros a los empresarios de La Raza por el que ha sido condenado Mellet-, no quisieron hacer partícipes al auditor de las verdaderas razones del cese del director general para que no se tuviera en cuenta expresamente dicha circunstancia en el resultado de los trabajos de auditoría que a partir de dicha fecha comenzarían".

La defensa del auditor quiere que el ex alcalde y los otros miembros del consejo de la Lonja comparezcan en el juzgado para "aclarar qué nivel de conocimiento y participación tuvieron en los hechos investigados" porque, insiste, "consciente y deliberadamente se quiso y consiguió engañar al auditor para que nada reflejase en su informe de auditoría y con ello evitar que los accionistas y terceros conocieran la verdadera situación de la compañía durante ese ejercicio".

El auditor alega que si el consejo de administración hubiese actuado "con la mínima transparencia, lealtad profesional y veracidad exigible, tan pronto hubiese conocido las sospechas hubiera investigado las presuntas irregularidades, porque así lo exige la norma técnica sobre errores e irregularidades".