El representante de IU-CA ante la Junta Electoral de Zona de Sevilla ha registrado este viernes en el Juzgado de Guardia un escrito dirigido al presidente de la Junta Electoral de Zona (JEZ), denunciando la actuación de la juez Mercedes Alaya, instructora de las diferentes causas relacionadas con la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense, y de las diligencias correspondientes a la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas investigada en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas.

Este mismo jueves por la noche, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y candidato de IU-CA a la Alcaldía hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos, mostraba su "escándalo e indignación" ante el momento en el que trascendía la fecha en la que el Juzgado de Instrucción número seis le había citado a declarar, en calidad de imputado, en las diligencias incoadas en torno a las supuestas irregularidades detectadas en el concurso promovido para enajenar los suelos del mercado central de abastos de la ciudad.

Rodrigo Torrijos recordaba, así, que el auto emitido el pasado 4 de abril y difundido el 7 de abril por la juez Mercedes Alaya, precisamente el auto que contenía su imputación en estas diligencias, surgió muy pocos días antes de que la federación de izquierdas formalizase un código ético que comprende la dimisión de los cargos públicos afiliados a la coalición en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política y urbanística.

Este jueves trascendía, en la misma línea, que la juez Mercedes Alaya le había llamado a declarar como imputado en dichas diligencias precisamente el 8 de junio. A tal efecto, y dada la jornada electoral del próximo domingo, en la que Rodrigo Torrijos compite como candidato a la Alcaldía hispalense, el primer teniente de alcalde advertía de que "las fechas tienen un alto contenido político, pero ningún contenido jurídico". "Son las fechas que más  daño pueden hacer a este candidato", señalaba antes de expresar su "escándalo e indignación" ante estas circunstancias.

Dado el caso, IU-CA ha emitido este viernes un comunicado informando de la entrega de esta denuncia dirigida a la Junta Electoral de Zona, para que dicha instancia dilucide si la actuación de la juez Alaya es "constitutiva de infracción administrativa o, en su caso, ilícito penal".

"Los efectos negativos" de la citación

Dicha denuncia, según informa la federación de izquierdas, está basada en "los efectos negativos que se derivan de una citación judicial que se conoce por los medios de comunicación y formulada al candidato de una formación política que concurre a las elecciones", hecha "precisamente el día que concluye la campaña electoral, previo al día de reflexión, y con un previsible impacto sobre la candidatura e influencia sobre la libertad de elección del elector, que observa que un acto jurídico se cuela en la campaña política y electoral posibilitando la distorsión de su voluntad".

Esta denuncia también argumenta que la juez "pudo elegir en el calendario cualquier fecha con meses de antelación, al tratarse de un proceso judicial que arranca en 2009, o con tan solo tres días de retraso para posibilitar que las elecciones municipales concluyesen sin verse afectadas por consideraciones de otros estamentos jurisdiccionales". Concluye la denuncia solicitando que, "para posibilitar un proceso electoral y con plenas garantías democráticas, sean adoptadas las medidas oportunas y que se solicite a las formaciones políticas concurrentes a las elecciones se abstengan de utilizar tal información y se requiera a los medios de comunicación, si la Junta Electoral así lo considerara, que no reproduzcan ni divulguen tal noticia porque puede producirse un daño no reparable a la libertad de elección de los electores y a la formación electoral cuya lista encabeza Antonio Rodrigo Torrijos".